El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó duramente la decisión de la Corte Suprema de Justicia vinculada con la derogación de la Ley de Tierras y advirtió que el fallo representa un grave retroceso en materia de soberanía nacional.
“La Corte acaba de tomar una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular”, expresó Kicillof a través de su cuenta de X.
El mandatario bonaerense recordó además la movilización del 6 de agosto frente al Congreso contra el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei, denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que contemplaba modificaciones vinculadas con la Ley de Tierras. La iniciativa finalmente fue retirada por el oficialismo luego de no conseguir los votos necesarios en el Senado.
Kicillof sostuvo que, frente al rechazo parlamentario y social, el Gobierno busca ahora avanzar por otra vía.
“Lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial. Se proponen legalizar la entrega y el saqueo”, afirmó.
Y fue todavía más contundente al definir el objetivo que, según su interpretación, se encuentra detrás de la modificación: “El propósito es muy concreto: entregar recursos estratégicos y subordinar los intereses nacionales a intereses extranjeros”.
La controversia se originó a partir de la decisión de la Corte Suprema que dejó sin efecto una resolución judicial que había frenado la derogación de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras. El artículo 154 del DNU 70/2023 había dispuesto la derogación de esa norma, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
La resolución generó fuertes cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición. El senador nacional y exministro de Justicia Martín Soria sostuvo que, después de que “el pueblo y el Congreso” rechazaran la iniciativa, “la Corte Suprema aparece para hacer lo que el Gobierno no pudo”.
Soria agregó: “No quedan dudas, esta Corte está ocupada por empleados de los intereses extranjeros”, y cuestionó además uno de los argumentos centrales de la decisión judicial al señalar que los combatientes de Malvinas no tendrían legitimación para defender la soberanía.
La senadora nacional Juliana Di Tullio también apuntó contra la decisión y recordó el debate parlamentario de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. “Tres tristes tipos nos quitaron la soberanía que el pueblo sostuvo con su movilización”, afirmó.
En la misma línea, el diputado Esteban Paulón calificó el fallo de “escandaloso” y sostuvo que la Corte resolvió “a espaldas de la enorme movilización social”.
La diputada Florencia Carignano, por su parte, afirmó que la decisión judicial “vuelve a abrir la puerta para que nuestros territorios queden a disposición de los amigos de Milei y Toto Caputo”.
Blanca Osuna planteó otra comparación y cuestionó la celeridad con la que, según señaló, la Corte intervino en este expediente frente a otras causas: “Rápidos con los poderosos, lentos con los ciudadanos. La Corte actúa con celeridad para favorecer al Gobierno con la Ley de Tierras, mientras la Ley de Financiamiento Universitario sigue esperando justicia”.
También se pronunció el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien definió la decisión como la de “una Corte Suprema de Justicia de espaldas al pueblo argentino y a los héroes de Malvinas”.
El debate vuelve a poner en el centro una cuestión especialmente sensible para la Argentina: quién establece los límites para la adquisición de tierras rurales y cómo se protege el control nacional sobre territorios y recursos estratégicos.
Para Kicillof y los dirigentes que cuestionaron la decisión, el punto excede ampliamente una discusión jurídica. Se trata, según plantean, de una disputa por la soberanía y por el modelo de país que puede definirse desde el Congreso, mediante la movilización social o, ahora, a través de decisiones judiciales.
La disputa por la tierra vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que atraviesa buena parte de la historia argentina: ¿quién decide sobre el territorio nacional? El Congreso no acompañó el proyecto del Gobierno y la movilización social expresó su rechazo. Ahora la pelea se trasladó a los tribunales. Y Kicillof dejó planteada la advertencia: si lo que no pudieron conseguir con los votos pretenden conseguirlo mediante una sentencia, la discusión ya no es solamente sobre tierras; es sobre soberanía.