Con la presidencia de Cristina Kirchner, el Senado sesionará por última vez el 9 de diciembre próximo, es decir, un día antes de que se produzca el cambio de congresistas por la nueva composición que dictaron las elecciones de medio término del 14 de noviembre pasado.
La preocupación central de la oposición es que desde el oficialismo avancen con los 116 Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que necesitan el aval de una sola de las cámaras. Hasta que se produzca la reconfiguración del recinto y las comisiones, el Frente de Todos tiene mayoría, algo que cambiará a partir del 10 de diciembre.
En tanto, el mismo 9 de diciembre, unas horas antes, se celebrará la sesión preparatoria en la que jurarán los senadores electos de las ocho provincias que renovaron su dotación en las últimas elecciones, y que entrarán en funciones al día siguiente. A partir de ese momento, el oficialismo perderá el quórum propio y tendrá que negociar el apoyo de fuerzas provinciales para poder habilitar una reunión del pleno.
Hasta el momento se desconoce el temario, pero todo indica que en esa sesión se discutirían el centenar de decretos de necesidad y urgencia firmados por Alberto Fernández en los últimos dos años y que obtuvieron dictamen de la comisión bicameral de Trámite Legislativo la semana pasada, con el rechazo de la oposición nucleada en Juntos por el Cambio.
Se trata de decretos que van desde la reforma a la Ley de Ministerios hasta las diferentes disposiciones vinculadas con la gestión de la pandemia (de coronavirus); ampliaciones presupuestarias; amortización de las Letes; aumentos jubilatorios; la suba del mínimo del impuesto a las Ganancias y la rendición de cuentas del Ejercicio 2021 del Gobierno.
También, se buscará ratificar el decreto que declara la emergencia pública en materia ocupacional por 180 días, a partir de la entrada en vigencia del DNU, así como la norma que dispone un incremento Salarial Mínimo y Uniforme para los Trabajadores del Sector Privado en relación de Dependencia.
Además, se incluyó el decreto por el cual se determinan distintos aumentos en diversas prestaciones previsionales y la derogación del DNU que creó la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados, dispuesto por el Gobierno de Mauricio Macri, así como el que prorroga la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de sesenta (60) días.
No obstante, el oficialismo podrá aún hacer valer su mayoría y llevar la discusión al recinto junto a otro paquete de proyectos de ley que recibieron dictamen en las últimas semanas y que son promovidos tanto por los senadores del FdT como por sus pares de JxC.
Entre los temas que se agregarían a la agenda del debate figuran una norma para incluir el sistema braille en los medicamentos, un proyecto sobre educación inclusiva y otra propuesta que modifica la ley general de Ambiente.
A partir del 10 de diciembre, el oficialismo perderá el quórum propio porque tendrá 35 de los 37 congresales necesarios. Antes de las elecciones contaban con 41 representantes de su banca, lo que avalaba que las disposiciones del oficialismo pasaran sin problemas.
Tener quórum implica contar con la cantidad de votos requeridos para dar validez a un acuerdo, en este caso a un proyecto de ley presentado en el Senado. Cuando una fuerza tiene quórum propio o mayoría automática no necesita hacer acuerdos con legisladores de otros partidos. Al perder la mayoría automática, un partido político tiene que consensuar con otros actores a la hora de tomar decisiones. Eso es lo que le espera al oficialismo a partir de ese día.