Ya es prácticamente un hecho que el decreto de necesidad y urgencia que estableció en 2020 la prohibición de despidos sin justa causa en la Argentina no se renovará, y llegará a su fin a partir del 1 de enero de 2022, teniendo en cuenta que la última prórroga de la medida se había extendido hasta el 31 de diciembre próximo.
El Gobierno tendría decidida también la fecha de caducidad del recargo indemnizatorio vigente para las cesantías, que se conoce informalmente como “doble indemnización” por despido. El monto del recargo, que tiene un tope de $ 500.000, se iría reduciendo paulatinamente hasta desaparecer a mediados del año próximo.
Estos son los lineamientos definidos por el Ministerio de Trabajo y el gabinete económico, que debe convalidar en última instancia el presidente Alberto Fernández.
Esos cambios fueron anunciados días atrás a dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) durante una charla de la que participaron el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, junto a sus pares de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y sus respectivos equipos.
Moroni respondió a una pregunta al respecto, y confirmó que la prohibición de despidos tendrá fecha de defunción junto con el año, y al mismo tiempo la penalidad se reducirá en un escalonamiento todavía no resuelto en el lapso de cuatro a seis meses. Una opción es bajarle 20 % por mes a los $ 500 mil del actual recargo indemnizatorio.
Las dos medidas mencionadas fueron apoyadas desde el sindicalismo, y objetadas desde las cámaras y grupos empresarios.
De todas maneras, los sindicatos empezaron a reclamarle al Gobierno nacional que mantenga la prohibición de despidos y la doble indemnización después del 1 de enero.
La primera fue consecuencia directa de la pandemia, implantada en marzo de 2020 para aminorar el impacto que tendría en el empleo registrado la restricción de actividades económicas y productivas para prevenir el contagio del COVID-19. Para sostener el empleo en plena crisis sanitaria se sumaron también herramientas como la Asignación para el Trabajo y la Producción (ATP), y un fortalecimiento del subsidio Repro.
A diferencia de ello, el recargo sobre las indemnizaciones por despidos fue una de las primeras medidas tomadas por Fernández al asumir, para comenzar a resolver la crisis de trabajo en la que según el oficialismo había dejado al país la gestión anterior.
En tanto, el secretario adjunto de la CGT y UPCN, Andrés Rodríguez, quien sostuvo que “desde la CGT hemos solicitado la prórroga de estas medidas porque consideramos que la realidad laboral debe ser todavía protegida”.
Y agregó: “Yo lo retrasaría más todavía, porque si bien hay actividades que están normalizándose, y que eso absorbe mano de obra y comienza a regularizarse la realidad laboral, todavía no es una tendencia firme, por lo tanto, protegería el trabajo un poco más”.
Mientras, los números del empleo hoy en día acumulan varias subas intermensuales y en algunos casos se encuentran por encima de los niveles de 2019, cuando se comenzó la gestión. Esto sería suficiente para que el equipo económico defina la terminación de ambas medidas.
En el segundo trimestre del año marcó un 9,6% de desempleo, el nivel más bajo desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández y por primera vez, de vuelta en un dígito. En el segundo trimestre de 2020 la desocupación tocó un pico de 13,1 por ciento en el momento de mayor rigor de las restricciones por la pandemia del coronavirus.
Desde entonces la actividad económica mostró mejorías, incluso en el empleo en relación de dependencia, que es el que más lentamente crece. A nivel general en septiembre el número de trabajadores registrados se incrementó en 71.200 respecto a agosto en la medición sin estacionalidad (+0,6%) y señaló así la novena suba en fila. El sector privado aumentó en 19.600 asalariados (0,3 %) y el público en 7.600 (0,2 %).