La actual Corte Suprema debería poner a disposición sus renuncias y dar paso a una renovación que exprese, entre otras cuestiones hoy violentadas, imparcialidad, independencia, honestidad e igualdad de género.
En 1947, el reciente gobierno del general Juan Domingo Perón, impulsó un juicio político a los miembros que entonces conformaban la Corte: Antonio Sagarna, Benito Nazar Anchorena, Francisco Ramos Mejía y Roberto Repetto, junto con el procurador Juan Álvarez. La lista de delitos por los cuales fueron juzgados aquellos jueces parece calcada de la lista de delitos que hoy justificarían un juicio político: prevaricato, dictar resoluciones judiciales contrarias a la ley, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionarios, inmiscuirse en materia política, arrogarse facultades políticas, entre otras.
Es deber de la ciudadanía movilizarse contra esta Corte integrada por dos miembros que no vacilaron en aceptar su nombramiento por decreto, actitud que solo puede compararse con la de los jueces que integraron las Cortes Supremas de los golpes de Estado de 1966 y 1976.
Reconocemos la dificultad del Poder Ejecutivo en iniciar un juicio político, similar al de 1947, por carecer de las mayorías parlamentarias que garanticen su resultado. Debe ser entonces la opinión de la mayoría de los argentinos, en las calles de todo el país, la que denuncie la ilegitimidad y felonía de esta Corte Suprema indigna de sus importantes funciones constitucionales y exprese su deseo de que renuncie.
El 1° de Febrero el Instituto Independencia estará, junto a miles de compatriotas, en la Plaza de Tribunales.
Con todos ellos solicitaremos la renuncia de esta Corte que solo representa al poder económico y mediático.