La Cámara Federal, con la flamante incorporación del juez Pablo Bertuzzi, archivó la causa en la que se investigaba al gobierno de Mauricio Macri por haber tomado un crédito de 57.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El camarista y su colega Mariano Llorens entendieron que se trató de una decisión política y que la fiscalía a cargo de Franco Picardi no logró probar la existencia de delitos.
“Existen materias propias de los poderes del Estado que escapan al control judicial”, argumentaron los jueces. En primera instancia, la decisión había sido de la jueza María Eugenia Capuchetti, y ahora fue ratificada por la Cámara Federal. Hay que recordar que la Procuración del Tesoro durante el gobierno de Javier Milei se retiró como querellante, por lo que solo puede ser apelada por la fiscalía.
Los imputados, que ahora quedaron desvinculados de sospecha, son el propio Macri, el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y los actuales Luis Caputo y Federico Sturzenegger, que eran autoridades del Banco Central y de la Secretaría de Finanzas.
Uno de los principales argumentos del tribunal es que en el préstamo del FMI de 2018 no aparecían “conductas penalmente relevantes”, a pesar de las objeciones de irregularidades administrativas que marcó la fiscalía.
El acuerdo era por 50.000 millones de dólares, y fue ampliado a 57.100 millones. Para la Cámara, no quedó pendiente una investigación relevante capaz de modificar el desenlace.
El fiscal Picardi había objetado la falta de intervención del Congreso en la toma del préstamo y supuestas irregularidades en el procedimiento administrativo: la falta de un decreto presidencial que formalizara el acuerdo, la inexistencia de una intervención del jefe de Gabinete y la actuación del Ministerio de Hacienda en lugar del Ministerio de Finanzas.
También había mencionado la inexistencia de un dictamen del Banco Central previsto por la ley 24.156 y la apertura de expedientes administrativos una vez ya suscripto el entendimiento.
Se investigó la hipótesis de una administración fraudulenta, porque un informe de la SIGEN estimaba un perjuicio patrimonial para el Estado de 29.618 millones de dólares que para la Cámara no son suficientes para sostener una acusación.
Los camaristas entendieron que no hubo delito de abuso de autoridad, pues ese ilícito “exige que el funcionario dicte resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o las leyes, con dolo específico de violar la norma”. Y agregaron que “no toda cuestión vinculada a las formas procedimentales de la administración pública configura un ilícito”.
“No es posible inferir que el proceder de los imputados haya estado guiado por el propósito de violar la ley”, afirmaron los camaristas.
En ese sentido, hablaron de un contexto de “urgencia financiera” durante la negociación del préstamo y señalaron que no hubo perjuicio patrimonial a sabiendas prejudicial o con sustracción de fondos.
“El deterioro patrimonial del Estado, por sí solo, no equivale a la acreditación del elemento subjetivo de la defraudación”, sostuvo y recordó que ese delito requiere que fondos públicos sean desviados de un destino fijado por leyes.
El tribunal dijo que la investigación duró cinco años, que el archivo no fue prematuro y sostuvo que “la fiscalía no logró articular una hipótesis delictiva que, sobre la base de la prueba reunida, permita afirmar con entidad suficiente la existencia de los delitos invocados”.
Otra más
Por su parte, la Sala I de la Cámara Federal porteña apartó del expediente a inversores de la megaestafa $LIBRA que pretendían ser querellantes en la causa.
En el escrito, los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi compartieron el criterio del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi de sacarle el derecho de querella a los afectados Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo.
Para los magistrados, la operatoria “se desenvolvió en el marco de un negocio de por sí volátil, caracterizado por la ausencia de regulación financiera y una fuerte exposición al riesgo, circunstancias que resultaban conocidas por quienes decidieron operar en ese ámbito”.
“Quienes adquirieron el token asumieron voluntariamente los riesgos inherentes a esa clase de compra y, en el caso de los aquí apelantes, la pérdida patrimonial invocada no resulta sino una consecuencia de ese riesgo asumido”, enfatizaron en el fallo.
Llorens y Bertuzzi señalaron que la hipótesis planteada por los cinco afectados, quienes afirman haber sido “víctimas de un plan organizado desde las altas esferas gubernamentales” junto con “un grupo de desarrolladores de criptoactivos” que “se valió de la utilización dolosa de algún tipo de ardid o engaño orientado a provocar en ellos una disposición patrimonial perjudicial”, se encuentra “diluida” ante las pruebas de la causa.
“Ninguno de los aquí apelantes ha logrado demostrar, a los fines de su legitimación, el ardid o la afirmación falsa concreta que los hubiera determinado a adquirir el token, ni la existencia de un nexo que conecte esa presunta maniobra perniciosa con la disposición patrimonial que habrían ejecutado”, agregaron.
De esta forma, la investigación de la presunta estafa por la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei quedará únicamente en manos del fiscal Eduardo Taiano, cuestionado por las demoras en el avance de la causa.
La decisión de la Sala I de la Cámara Federal se da un día después de la jura de los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, quienes habían sido propuestos por el Gobierno para completar el tribunal.