Javier Milei parece haber descubierto, de golpe, que Malvinas también forma parte de la identidad argentina. Después de años de un discurso internacional alineado casi sin matices con Estados Unidos y de haber expresado en reiteradas oportunidades su admiración por Margaret Thatcher, la primera ministra británica durante la guerra de 1982, el Presidente decidió anoche apropiarse de una de las causas más profundas y sensibles de la sociedad argentina.
Por cadena nacional, Milei anunció que el Gobierno sancionará a empresas israelíes y británicas vinculadas con la explotación petrolera en las Islas Malvinas y aseguró que desplegará “todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales” para defender los derechos argentinos sobre los recursos de la plataforma continental.
También volvió a hablar de la construcción de infraestructura militar en Tierra del Fuego, una obra que había comenzado durante el gobierno anterior y que, según cuestionó la oposición, su administración dejó prácticamente paralizada.
El problema para Milei es que el giro llega después de una larga lista de señales que fueron interpretadas como un retroceso de la política argentina de defensa de la soberanía sobre las islas.
Por eso, el anuncio de anoche generó más preguntas que certezas. ¿Se trata de un verdadero cambio de rumbo en la política exterior argentina o de una maniobra política para intentar recuperar respaldo en medio de la caída de su imagen y de los problemas económicos que atraviesa su gobierno?
La sospecha no es menor. La imagen de los jugadores de la Selección levantando un trapo con la consigna “Las Malvinas son argentinas” había generado malestar en sectores del oficialismo, y ahora el Presidente decidió colocarse al frente de una causa profundamente arraigada en la sociedad argentina.
Milei aseguró que el Estado fortalecerá los mecanismos de detección e intercambio de información para facilitar sanciones contra empresas, accionistas, directores y proveedores que participen de actividades hidrocarburíferas no autorizadas.
La herramienta legal, además, no es nueva. La Ley 26.659, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, establece restricciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado nacional.
Entonces aparece la pregunta inevitable: si las herramientas jurídicas ya existían, si había antecedentes concretos y si el reclamo argentino estaba vigente, ¿por qué el Gobierno esperó hasta ahora para actuar?
Un discurso que duró menos de 24 horas
Las dudas aumentaron esta mañana cuando el canciller Pablo Quirno buscó bajar el tono del anuncio presidencial. El funcionario sostuvo que no descartaba que Milei viaje a Gran Bretaña este año y aseguró que Argentina “de ninguna manera” va a enfrentarse con Israel.
Mientras tanto, las empresas Rockhopper y Navitas, vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion al norte de las islas, señalaron que sus licencias continúan vigentes y que no prevén modificaciones en el desarrollo del emprendimiento a partir del anuncio argentino.
La contradicción quedó expuesta casi inmediatamente: mientras Milei anuncia sanciones y habla de utilizar todas las herramientas del Estado para defender la soberanía, desde su propio Gobierno aparecen señales destinadas a tranquilizar a los países y empresas involucrados.
Y hay otro dato imposible de ignorar.
El mismo Presidente que ahora se presenta como defensor de Malvinas viajó a Chile y volvió a reivindicar la figura de Augusto Pinochet, el dictador chileno que respaldó abiertamente a Margaret Thatcher durante la guerra de 1982.
La escena resulta difícil de explicar. Mientras en Buenos Aires Milei intenta mostrarse como el nuevo abanderado de la causa Malvinas, en Santiago reivindica a una figura histórica cuyo régimen apoyó a Gran Bretaña durante el conflicto.
Y, para completar el cuadro, el Gobierno de Chile anunció un acuerdo comercial que conectará Punta Arenas con Puerto Argentino.
Demasiadas contradicciones para una sola semana.
El peronismo habla de oportunismo
Desde el peronismo cuestionaron duramente el anuncio presidencial y lo calificaron de tardío y oportunista. El ex canciller Jorge Taiana sostuvo que las nuevas medidas llegan después de años de “desmalvinización” y cuestionó las concesiones realizadas por el Gobierno de Milei.
Taiana planteó que el Presidente intenta “galtierizar” su figura para recuperar espacio frente a la sociedad argentina y recordó que la Base Naval Integrada de Ushuaia había comenzado a construirse en 2022, durante su gestión como ministro de Defensa.
El jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, también puso el foco en la contradicción. Señaló que durante los primeros meses de gobierno Milei no había aportado avances significativos a la cuestión Malvinas y reclamó que cualquier cambio de orientación sea discutido en el Congreso.
Daniel Filmus, ex secretario de Malvinas, recordó además que ya existe una causa contra empresas que operan en las islas, iniciada en 2015 y ampliada en 2021 tras el ingreso de la petrolera israelí Navitas. Según Filmus, durante aquellos años la Argentina había logrado respaldo en distintos organismos y foros internacionales, mientras que posteriormente esos avances fueron desactivados. fileciteturn1file0L66-L78
Desde la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco fue todavía más directo. Recordó que la inversión de Navitas y Rockhopper en Sea Lion había sido denunciada desde diciembre de 2025 y que el proyecto avanzó con una inversión prevista de 1.800 millones de dólares, financiamiento cerrado y obras en marcha. También señaló que en 2022 el Estado ya había aplicado la Ley 26.659 contra Navitas, inhabilitándola por veinte años. fileciteturn1file0L79-L94
La pregunta que queda flotando es sencilla: si el Gobierno tenía instrumentos para actuar, ¿por qué dejó avanzar el proyecto durante meses y recién ahora decidió levantar la bandera de Malvinas?
De Thatcher a Malvinas, un giro difícil de explicar
El problema político de Milei es que su nuevo discurso choca con buena parte de su propio recorrido.
Un gobierno que reivindica a Margaret Thatcher, que recibió a Boris Johnson en la Casa Rosada y que avanzó en acuerdos de cooperación con el Reino Unido ahora pretende convencer a los argentinos de que será el gran defensor de la soberanía nacional.
El giro puede ser genuino. Pero para que la sociedad lo crea no alcanzan una cadena nacional, una declaración encendida o una amenaza de sanciones.
Hace falta política de Estado.
Hace falta continuidad.
Hace falta coherencia.
Y, sobre todo, hacen falta hechos.
Porque Malvinas no es una consigna electoral ni una herramienta para levantar una encuesta. Es una causa nacional que atraviesa generaciones y que exige una política exterior sostenida, inteligente y soberana.
Como señaló el excombatiente y escritor Edgardo Esteban, resulta difícil no advertir las contradicciones entre un gobierno que reivindica a Thatcher, relativiza aspectos centrales de la guerra y habla de la autodeterminación de los habitantes de las islas, y que ahora aparece repentinamente endureciendo su posición frente a las petroleras.
Milei puede ponerse por un rato la camiseta de Malvinas, levantar la bandera y hablar de soberanía en cadena nacional. Pero las banderas no se sostienen con discursos: se sostienen con decisiones.
Y en Malvinas, como en tantas otras cuestiones, el problema del Presidente no es lo que dice esta semana, sino lo que hizo durante los meses anteriores.
Porque si el giro es verdadero, tendrá que demostrarlo.
Y si apenas se trata de otra puesta en escena para tapar encuestas, derrotas y problemas económicos, los argentinos ya conocen el final de la película: cuando se apagan las cámaras, las Malvinas siguen siendo argentinas, pero el relato de Milei vuelve a quedar a la deriva.