El presidente Javier Milei suele repetir, hasta el cansancio, que “la justicia social, esa aberración, es un robo”. Es una de las frases que más utiliza para atacar al peronismo y cuestionar cualquier política destinada a mejorar las condiciones de vida de los sectores populares.
Pero algo parece haber cambiado.
Este miércoles, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, presentó un nuevo programa destinado a impulsar los créditos hipotecarios y, al explicar sus objetivos, decidió calificarlo nada menos que como una herramienta de “justicia social”.
La contradicción es tan evidente que cuesta pensar que se trate solamente de una casualidad.
Mientras Milei construyó buena parte de su discurso político denunciando la “justicia social” como una de las grandes aberraciones de la Argentina, su ministro de Economía ahora la utiliza como argumento para promocionar una iniciativa oficial.
Como diría Mirtha Legrand: “Si te ven mal, te maltratan”. Y cuando hasta los propios funcionarios empiezan a hablar el idioma que el Presidente desprecia, queda claro que algo está cambiando.
Más allá de la ironía, Caputo anunció un programa para impulsar los créditos hipotecarios mediante el uso de $2 billones provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. El objetivo es brindar a las entidades financieras un fondeo más acorde con los plazos extensos que requieren los préstamos destinados a la compra de viviendas.
El monto total será adjudicado mediante licitaciones de $200.000 millones cada una.
Según explicó Caputo, se contemplan dos tramos para el financiamiento: uno a un año, con una tasa UVA más un spread mínimo del 2,50%, y otro a cinco años, con una tasa UVA más un spread mínimo del 4,50%.
En cuanto a los créditos hipotecarios que se otorguen con estos fondos, la tasa máxima permitida será de UVA más 7,50%, con un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo equivalente a 150.000 UVA por crédito.
El propio ministro dio un ejemplo para explicar el alcance de la iniciativa. Para acceder a una vivienda valuada en 106.667 dólares, una familia debería acreditar ingresos por $3.460.391 y afrontaría una cuota inicial de $865.089. El crédito tendría una tasa de UVA más 7% y un plazo de 25 años.
El Banco Central tendrá además un papel central en el mecanismo. Según se anunció, será el encargado de colaborar con el FGS en la organización de las licitaciones y en la comunicación de las condiciones básicas de las subastas. También deberá supervisar que los bancos cumplan con las obligaciones vinculadas a la utilización de esos fondos para otorgar créditos hipotecarios dentro de los plazos establecidos.
El objetivo del equipo económico es que las entidades financieras puedan conseguir financiamiento durante varios años y reducir el descalce entre los depósitos de corto plazo y los créditos hipotecarios de largo plazo. De esta manera, el Gobierno busca fortalecer el fondeo bancario y revertir la desaceleración que vienen registrando los préstamos UVA.
Pero más allá de las características técnicas del programa, hay una pregunta política inevitable: ¿qué pasó con aquella “aberración” que, según Milei, era un “robo”?
Porque ahora resulta que cuando una política del Gobierno necesita ser presentada como beneficiosa para las familias, la “justicia social” deja de ser una aberración y se transforma en una virtud.
Tal vez Caputo esté intentando convencer a los argentinos de que Milei estaba equivocado. O quizás simplemente entendieron que hay palabras que funcionan muy bien cuando llegan las elecciones.
Lo más curioso es que el Gobierno que durante años demonizó la justicia social ahora necesita apropiarse de esa misma bandera para vender una política de vivienda. Si hasta Caputo empezó a hablar como el peronismo, quizás el problema no era la justicia social: el problema era quién la hacía.