La justicia sigue ayudando al procesado Macri: fue autorizado a viajar a Uruguay y Estados Unidos

El juez federal Julián Ercolini autorizó hoy a Mauricio Macri a viajar a Uruguay y a los Estados Unidos durante el mes de marzo, lo que provocó el rechazo de los familiares del submarino ARA San Juan, ya que por esa causa el ex presidente está procesado por espionaje ilegal, y por lo tanto pesa sobre él una prohibición de salida del país.

De esta manera, Macri viajará en vuelo privado a Montevideo el 8 de marzo y regresará al día siguiente. En la capital uruguaya participará de un evento organizado por Becon Investment Management, una firma dedicada a los negocios offshore y a la colocación de fondos.

Pocos días después, el 13 de marzo, el ex mandatario viajará con destino a la ciudad estadounidense de Miami. Allí participará en calidad de disertante en el Centro para la Libertad Económica “Adam Smith”, estando previsto su regreso a nuestro país el 21 del mismo mes.

La defensa de Macri, a cargo del abogado Pablo Lanusse, aportó información sobre los vuelos, la invitación y los lugares donde se va a hospedar.

“El solicitante posee arraigo acreditado en nuestro país, dado que toda su vida familiar, social y laboral se desarrolla en este territorio, que se había comprometido a informar de su regreso por escrito y que a lo largo del proceso había cumplido con las obligaciones que se le impusieran como aval”, sostuvo el juez Ercolini en su resolución.

Ante el pedido, la querella que representante a familiares de las víctimas del ARA San Juan se había opuesto a la salida de Macri. La abogada Valeria Carreras explicó en su presentación que Macri está imputado en distintas causas en trámite de gravedad institucional, y que podría fugarse porque tiene los medios económicos suficientes y vínculos internacionales para hacerlo.

En tal sentido, la querellante dijo que sentía un “profundo asco” por la resolución, y agregó que el pase de la causa hacia los tribunales de Comodoro Py era una “garantía” para los procesados.

“Ahora tenemos prueba fehaciente de que hay procesados de primera y de segunda”, sostuvo Carreras. “En el caso de (Gustavo) Arribas y de Macri, a ninguno se le exigió cumplir con el Código Procesal Penal en cuanto a la traducción pública de los documentos.

Por su parte, la fiscal Alejandra Mangano dictaminó a favor de la autorización. Explicó que los pedidos son similares a otros que Macri había hecho y en los que había sido autorizado. En esa línea se pronunció Ercolini.

El magistrado señaló que “se vislumbran anteriores salidas del país del presentante, sin que, como consecuencia de ello, haya adoptado una actitud evasiva al proceso, por lo que no se observa, a esta altura, elemento alguno que permita suponer una puesta en peligro de su sujeción al mismo”.

El juez agregó que en la causa “se ha adjuntado y puesto en conocimiento la información relativa a los viajes en cuanto a sus destinos, pasajes -a excepción del vuelo privado- y lugares de alojamiento” y que eso “desvirtúa los argumentos expuestos por la querella, los cuales no encuentran correlato en la actitud asumida por el solicitante en el marco del proceso, y, dada su condición de ex presidente, resulta comprensible que recaigan sobre el nombrado invitaciones a eventos de distinta índole, lo cual permite presumir la existencia de futuras peticiones de similares características o bien de carácter personal”.

Ercolini le impuso a Macri “la obligación de informar su regreso al país dentro de las 48 horas de su arribo y de retornar al mismo en caso de que el proceso lo requiera de manera anticipada”.

Hay que recordar que el ex presidente fue procesado en diciembre pasado por el juez federal de Dolores, Martín Bava por seguimientos y ciberpatrullaje que se hicieron durante su gobierno sobre un grupo de familiares del submarino que pedían que se buscara a la embarcación que estuvo desaparecida entre noviembre de 2017 y fines de 2018.

“El Gobierno Nacional que el imputado encabezaba espió ilegítimamente a los protagonistas de una de las mayores tragedias que se vivió en su gestión. Ello se hizo, entre otras cosas, con el objetivo de anticiparle a Mauricio Macri, cuáles eran los movimientos y los reclamos que existían en ese colectivo de familiares”, había dicho el magistrado. El caso a principio de febrero pasó a los tribunales de Comodoro Py.