Con la complicidad de la justicia, Magnetto sigue de festejo: repartirá $ 41.000 millones entre los accionistas de Telecom

Telecom, empresa del Grupo Clarín, va a repartir $ 41.000 millones en concepto de dividendos entre sus accionistas. Como es sabido, la compañía que comanda Héctor Magnetto goza de la protección judicial para aumentar las tarifas de internet, cable y celular sin autorización del Estado, lo que redunda en ganancias extraordinarias.

Según revela hoy el periodista Ari Lijalad en El Destape, el reparto de esa fabulosa ganancia fue decidido durante la asamblea de Telecom celebrada ayer, cuya síntesis es pública y fue informada a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Además del monto, lo interesante es que lo sacaron de la “Reserva facultativa para mantener el nivel de inversiones en bienes de capital y el nivel actual de solvencia de la sociedad”. Dicho de otra manera, en lugar de invertir, los accionistas se reparten las ganancias.

Según se precisó, la distribución la harán en especie, es decir, en bonos. Puntualmente los Bonos Globales 2030 y 2035, que son parte del canje de deuda que gestionó el ministro de Economía, Martín Guzmán. En lugar de pagarle ganancias en pesos a sus accionistas, reparte esos bonos en dólares. Los accionistas pueden optar por cambiarlos, por timbear con el contado con Liqui o el dólar blue, o guardarlos hasta el pago final.

Esta operatoria de reparto de ganancias en bonos es repetida durante la pandemia. Para agosto de 2021, Magnetto y compañía ya se había repartido 1.153 millones de dólares. Con el nuevo reparto actual suman entre 200 y 400 millones de dólares según se tome el valor oficial o el ilegal.

Los que se reparten el dinero son los accionistas de Telecom. Su composición accionaria actual es la siguiente:

28,16 % lo controla Cablevisión Holding, la firma del Grupo Clarín que administra sus negocios de telecomunicaciones. Las tiene en un 18,89 % de forma directa y un 9,27 % de manera indirecta a través de VLG SAU, que opera desde la guarida fiscal de la ciudad estadounidense de Delaware. Los accionistas controlantes de Cablevisión Holding son los hijos apropiados por Ernestina Herrera de Noble, además de Magnetto, José Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro. Lo hacen desde GS Unidos LLC, también radicada en Delaware.

21,84 % desde un fideicomiso creado el 15 de abril de 2019 cuyos fiduciarios son Héctor Magnetto y David Martínez, el dueño de Fintech y socio hace años del Grupo Clarín.

20,83 % a través de Fintech Telecom LLC, también radicada en la guarida fiscal de Delaware.

29,16 % en Oferta Pública.

0,01% en acciones Clase C.

Estos bonos en dólares que se van a repartir se emitieron bajo ley extranjera, por lo que, en caso de surgir algún conflicto a futuro, se resolverá en los tribunales de Nueva York.

El año pasado el presidente Alberto Fernández firmó el decreto 690 por el cuál declaró a las telecomunicaciones como servicios públicos en competencia. Eso significa, entre otras cosas, que es el Estado el que aprueba o no los aumentos de tarifas.

Sin embargo, y para no perder la costumbre, el Grupo Clarín hizo lo de siempre: lo judicializó. Logró un fallo a favor, que el Estado apeló. El expediente está en la Corte Suprema, que demora su resolución. Lo singular es el caso está en el despacho de Carlos Rosenkrantz, ex abogado del Grupo Clarín, quien ya advirtió que intervendrá en las causas de sus ex clientes.

El propio presidente Fernández habló de esto en la última apertura de sesiones legislativas, donde dijo: “En el mes de enero, los servicios de telecomunicaciones registraron el mayor aumento de precios. Eso fue posible porque algunos jueces dictaron medidas cautelares en favor de empresas prestatarias del servicio e impidieron la aplicación del decreto que declaraba servicios públicos a la telefonía celular, internet y la televisión por cable o satelital. A casi dos años de dictadas esas medidas cautelares no se expiden sobre el diferendo ni los tribunales que las dictaron ni la Corte Suprema que añeja la cuestión en algún armario”. Y agregó: “Esto que acabo de describir no es otra cosa que un acto de complicidad judicial con el poder económico”.