El prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, principal operador judicial durante el gobierno de Mauricio Macri, recibió un duro revés en Uruguay: la justicia del país vecino rechazó hoy su pedido para quedar bajo la figura de refugiado político, por lo que la defensa del acusado apeló la decisión judicial.
De esta manera, se van cerrando los caminos para el abogado, quien se escapó a Uruguay el 8 de diciembre de 2020, para eludir la acción de la justicia argentina, que lo había citado a declarar en una causa por presiones a Cristóbal López y Fabián De Sousa, directivos del Grupo Indalo (C5N y Radio 10).
Además, su nombre figura en la causa que investiga la “mesa judicial M” que persiguió a políticos, empresarios y dirigentes nacionales entre 2016 y 2019.
La determinación fue tomada por la Jueza Letrada en lo Penal Especializado de Crimen Organizado de 1º Turno, Adriana Chamsarián, quien hace varios meses estaba revisando la solicitud. Finalmente, determinó que Rodríguez Simón no reúne los requisitos necesarios para ser considerado un refugiado político.
Este criterio coincide con el de la Comisión de Refugiados (CORE) uruguaya, que el año pasado dictaminó que no existía ningún elemento que demostrara arbitrariedad y, por lo tanto, justificara esa condición. Con este nuevo fallo, no podrá abandonar Uruguay porque de lo contrario se activará el pedido de captura internacional.
El operador judicial en las sobras de Macri huyó hacia territorio uruguayo para evadir a la justicia argentina y lleva 512 días prófugo. A la par de la decisión judicial, el Parlasur se encamina a separarlo de su banca por considerar que incurrió en “graves actos de falta de decoro” y por lo tanto no debe seguir como miembro de ese cuerpo.
En mayo de 2021, la jueza María Servini declaró en rebeldía a Rodríguez Simón y ordenó su captura nacional e internacional, además de disponer la inhibición general de sus bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias.
La magistrada tomó esa decisión frente a la victimización de “Pepín”, de pedir ser considerado refugiado político en Uruguay, algo que interpretó como “absolutamente improcedente” que “parecería un atajo para obstruir el curso de la investigación” que tramita en su juzgado.
Rodríguez Simón aparece involucrado en la causa en la que, según describió la misma Servini, “se investiga la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil, presuntamente en beneficio de intereses empresarios afines al gobierno y en perjuicio de los intereses públicos por los que debía velar el organismo recaudador nacional”.
Mientras, hace dos semanas, la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlamento del Mercosur aprobó por dictamen de mayoría la expulsión de ese cuerpo de Rodríguez Simón, donde es parlamentario, al ser declarado en rebeldía por la justicia argentina tras no presentarse a prestar declaración indagatoria en una causa en la que se lo acusa por supuesta extorsión.
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