Fieles a su costumbre de disparar sin contemplación contra todo lo que haga o diga el Gobierno, los medios hegemónicos, con la necesaria complicidad de una oposición enceguecida por el odio, pusieron una vez más el grito en el cielo ante la decisión tomada por la Oficina Anticorrupción (OA), que en las últimas horas renunció a la querella en el juicio por la obra pública contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.
El escrito presentado por la OA al Tribunal Oral Federal (TOF) 2 informa: “El Titular de este organismo ha dispuesto desistir del rol de querellante en las causas en que esta Oficina se encontraba constituida en tal carácter. Por lo tanto, no habiendo prueba propuesta por la representación de este organismo pendiente de producción, se solicita a Vuestra Excelencia que se aparte a esta Oficina Anticorrupción del rol de querellante”.
Desde el organismo explicaron que se trata de “la materialización de una resolución de hace más de un año que sacó la OA, que era que dejaba de ser querellante en todas las causas en las que estaba presentada en función de una reorientación de la política general de la Oficina”.
Fuentes de la Oficina precisaron a El Destape que esta política del organismo a cargo de Félix Crous, “es básicamente apuntar a la investigación: orientar los recursos a la investigación y prevención, que es donde podemos hacer un diferencial. Y no poner recursos en la querella, donde en primer lugar está el Ministerio Público Fiscal y, en segundo lugar, ya hay otros órganos del Estado, como la AFIP o la UIF (Unidad de Información Financiera)”.
Y agregaron que “es una dilapidación de recursos. Se tomó esta decisión en general, no de esta causa, sino de todas las causas hace más de un año”.
Sobre esta causa específica de obra pública contra CFK, adelantaron desde el ente: “Lo que ocurrió es que esa resolución decía que donde éramos querellantes nos quedábamos hasta que se terminara de producir la prueba. Y como eso ya ocurrió, como una medida de control que la propia OA había ofrecido como querellante, ya habiéndose cerrado esa etapa en esta causa se procede a dar cumplimiento a lo resuelto por el titular de la Oficina”.
El TOF del juicio por obra pública está a cargo de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, quienes fijaron el inicio de los alegatos para el 11 de julio próximo. En la causa se instruye contra la ex presidenta, ex funcionarios del ministerio de Planificación de su gobierno y el empresario Lázaro Báez. En total son 12 personas.
En mayo de 2020, la Oficina Anticorrupción tomó la misma decisión: renunció a ser querellante en las causas Los Sauces y Hotesur, en donde estaban acusados la vicepresidenta y también sus hijos, Máximo y Florencia.
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