El Gobierno consiguió una medida judicial que le pone un freno a uno de los mayores negociados del gobierno de Mauricio Macri: la prórroga de la concesión del Acceso Norte hasta el 2030 con una ganancia garantizada para AUSOL, donde los Macri fueron accionistas, de 499 millones de dólares que obtendrían del aumento de tarifas o sino los pagaría el Estado.
La medida fue dispuesta por el juez Enrique Lavié Pico, quien intervino la empresa, frenó el mecanismo por el cual se hacían de esos millones de dólares y prohibió que la compañía distribuya ganancias o cambie su composición accionaria hasta que se resuelva qué pasa con este contrato leonino.
De esta forma, el magistrado se pronunció “de manera parcial” en torno a la medida cautelar solicitada por la Dirección Nacional de Vialidad el mes pasado, demanda a la que el juzgado ya había dado lugar días atrás al declararse competente para entender en la misma.
En efecto, el 11 de octubre último el Gobierno nacional presentó un escrito en la Justicia para que se declare la nulidad del Acuerdo Integral de Renegociación con Autopistas del Sol (AUSOL) de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, por entender que comprometía al Estado “con una deuda millonaria, inexistente y lesiva a los intereses de las y los usuarios”.
El acuerdo objetado “establecía una deuda cuya existencia no se encuentra comprobada, una dolarización de las tarifas y la prórroga de la concesión por 10 años”, sostuvo en su momento el ministerio de Obras Públicas que conduce Gabriel Katopodis.
A mediados de septiembre el presidente Alberto Fernández anunció que buscaría anular estos contratos leoninos que la administración Macri firmó con AUSOL (Acceso Norte) y GCO (Acceso Oeste), ambas controladas por entonces por la multinacional Abertis.
Macri firmó una garantía de ganancia de 499 millones de dólares para AUSOL y 247 millones de dólares para GCO, que obtendrían gracias a la prórroga hasta el 2030 de las concesiones, la dolarización de las tarifas y el resguardo de que si aun así no juntaban esos montos la diferencia saldría de las arcas públicas.
El Gobierno pretendía una medida cautelar que evitara que AUSOL continuara cobrando los peajes en el Acceso Norte ya que el contrato que firmaron con Macri no solo establece aumentos siderales sino también que si para el 2030 no alcanzan a recuperar 499 millones de dólares la diferencia la tiene que pagar el Estado.
El Gobierno advirtió que para cubrir la deuda la tarifa de peaje “debería aumentar, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte”.