A una semana de cumplirse tres meses del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, la jueza María Eugenia Capuchetti, acorralada por su recusación y durísimos cuestionamientos de la querella por su inacción en la causa, dispuso delegar la investigación en la fiscalía a cargo de Carlos Rívolo.
La jugada de la magistrada surge no casualmente en un momento clave: la querella de la vicepresidenta reclamó en durísimos términos ante la Cámara Federal el apartamiento de la jueza a quien, dicen, ya no le confían.
La magistrada tomó la decisión luego que se realizara la audiencia en la Cámara Federal, en la que los abogados de la querella, Marcos Aldazabal y José María Ubeira, expusieron las razones del planteo de la vicepresidenta ante el juez Bruglia. “La duda se transformó en algo insoportable, no podemos tolerar que la jueza siga siendo la jueza de esta causa. El mensaje que se da para afuera es que matar a una vicepresidenta no tiene costo”, afirmó Ubeira.
Es más, en la audiencia que se realizó ayer, Ubeira advirtió: “Si le pasa algo a la vicepresidenta o a sus hijos, la magistrada será responsable”. “Si queremos enderezar el rumbo de este asunto, apartar a Capuchetti podría ser el comienzo”, dijo.
De esta manera, Capuchetti buscó anticiparse a la decisión que debe tomar el camarista Leopoldo Bruglia —uno de los nombrados a dedo por Mauricio Macri—: si la aparta o la confirma en el caso. Ella lo presenta como un “remedio procesal” ante los reclamos de Cristina que ponen en duda su imparcialidad, y para evitar futuras nulidades.s
Lo llamativo es que, en el mismo escrito, brinda señales de que no haría lugar al pedido de los abogados de la vicepresidenta de cambiar la imputación contra Nicolás Carrizo y agregar el delito de asociación ilícita en función de chats que están hace un mes en la causa y el juzgado no había analizado.
El anuncio de la recusación contra la jueza había llegado vía Twitter por la propia Cristina Kirchner el 10 de noviembre, y se formalizó la semana pasada a través de un escrito, que la magistrada rechazó. Allí Capuchetti defendió cómo llevó adelante las diligencias y las distintas medidas de prueba. Y aclaró que su imparcialidad estaba intacta.
Pero la relación entre la querella de CFK y la jueza se rompió el día en que la magistrada rechazó el pedido de secuestrar los teléfonos de las asesoras del diputado Gerardo Milman, que habían estado con él en el bar Casablanca dos días antes del atentado. Un asesor legislativo, llamado Jorge Abello y que nunca fue testigo de identidad reservada, aseguró el 23 de septiembre haberlo escuchado decir: “Cuando esté muerta. yo voy a estar en la costa”.
Y en los últimos días, Cristina volvió a criticar a la jueza cuando pidió que se amplíe la acusación sobre Nicolas Gabriel Carrizo, uno de los tres detenidos del caso junto a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, cuando informó que en su celular se encontró un mensaje horas después de intento de homicidio de Cristina Kirchner. “Recién intentamos matar a Cristina”, decía Carrizo.
Ante ese panorama y con la decisión pendiente de la Cámara Federal sobre su recusación, Capuchetti entendió que las críticas por parte de la querella iban a continuar, como también otros intentos de apartarla de la causa. Así, decidió que la investigación la lleve Rívolo. “Encontrándose la recusación ante ese tribunal, debo hallar un remedio procesal que propenda a la mejor administración de justicia y a la validez de los actos que se tomen, en lo sucesivo, con ese norte”, dijo, y le delegó la causa a la Fiscalía.
¿Qué significa que la causa quede a cargo de la Fiscalía? Que será Rívolo quien lleve adelante las líneas de investigación y las medidas de prueba. Será quien tome la declaración de testigos, quien convoque a peritos o solicite informes. La jueza Capuchetti intervendrá cuando la Fiscalía le pida allanamientos, detenciones e indagatorias.
Mientras tanto, la Cámara Federal debe resolver dos cuestiones centrales para la causa. Una es la recusación de Capuchetti. La decisión está a cargo del camarista Leopoldo Bruglia, y desde hoy tiene dos días hábiles para decidir. Y la segunda, a cargo de los tres jueces de la Sala I de la Cámara, es el pedido de Cristina Kirchner para que se le secuestren y abran los teléfonos celulares a las dos asesoras de Milman.