La justicia federal de Bariloche dispuso un allanamiento a la estancia de Lago Escondido del magnate británico Joe Lewis, en el marco de la causa en la que se investiga el viaje realizado en octubre pasado a ese lugar por un grupo de jueces, funcionarios del Gobierno porteño y directivos del Grupo Clarín.
El operativo para secuestrar documentación y elementos de interés para el expediente lo realizó personal de fuerzas federales de seguridad. La medida se produjo en el marco de la causa en la que la fiscal María Cándida Etchepare imputó a los jueces y funcionarios que participaron de la escapada sureña.
La fiscal había impulsado la investigación la semana pasada, después de llevar a cabo una pesquisa preliminar en la que declaró el presidente de la empresa Hidden Lake S.A., que es la que administra Lago Escondido.
“El nombrado cumplió con el requerimiento efectuado y aportó las facturas emitidas en favor de algunos de los denunciados por la suma de 605 dólares cada una, que acorde a la cotización imperante al 28 de octubre del año en curso en que fueron emitidas, equivaldría a $ 97.707,5”, sostuvo la fiscal.
“Una vez más, los documentos evidencian una clara discordancia con el momento en que se habrían alojado en el establecimiento, ya que el servicio se brindó los días 13, 14 y 15 de octubre, mientras que los comprobantes datan del día 28”, sostuvo.
“También llama la atención que no se hubiera emitido factura alguna, justamente, a los dos individuos que no detentan el carácter de funcionarios públicos y que, por tanto, tienen mayores libertades para ser invitados y no pagar por los gastos erogados”, afirmó en relación al ex espía Leonardo Bergroth y al empresario Tomas Reinke.
En la primera repercusión política tras el allanamiento, el diputado Leopoldo Moreau publicó: “La fiscal de la causa que investiga a los jueces y fiscales mafiosos que fueron invitados por Clarín y Telecom allanó durante varias horas la mansión de Lago Escondido. Se llevó mucha documentación y testimonios. Parece que Casal y Casanova fracasaron y no la pudieron intimidar”.
Por otra parte, la Policía Federal allanó las oficinas y el hangar de Flyzar, en San Fernando (provincia de Buenos Aires), la empresa dueña del avión en el que el grupo se trasladó hasta Bariloche (Rio Negro) para hospedarse luego en Lago Escondido en octubre pasado.
El allanamiento se llevó a cabo durante el fin de semana y busca establecer quién pagó la escapada a Lago Escondido de la que participaron también directivos del Grupo Clarín.
Al impulsar la investigación, la fiscal federal Etchepare había requerido que se investigue la posible comisión de delitos vinculados con el pago y la aceptación de dádivas por parte de los viajeros.
Los investigados en esta causa son los jueces Julián Ercolini (Criminal y Correccional Federal), Pablo Yadarola (Penal Económico), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo Federal) y Carlos Mahiques (Cámara Federal de Casación Penal); el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro; el exagente de inteligencia Leonardo Bergroth y el presidente de Mediabit S.A. Tomás Reinke.
La fiscal también imputó a Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A., y Jorge Rendo, CEO del mismo medio de comunicación, quienes no habrían compartido el vuelo con el resto de los imputados, pero sí se reunieron con ellos en el aeropuerto de Bariloche, según surge de los registros fílmicos incorporados al expediente en la investigación preliminar.
En el requerimiento de instrucción, la fiscal detalló que el avión en el que se trasladaron la mayoría de los investigados pertenece a una empresa que posee un nombre de “fantasía”, conocido como “Flyzar”, que pertenece al empresario aeronáutico Gustavo Fernando Carmona.
“A su vez, la firma acompañó -a pedido de esta sede- copia de las facturas emitidas en favor de los denunciados, muchas de ellas datadas el mismo 13 de octubre por la suma de $120.000, a excepción, de las que corresponden a Bergroth de fecha 17 y 19 del mismo mes por la suma de $120.000 y $60.000, respectivamente. Es decir, estas últimas resultan posteriores a la fecha en que habrían viajado y por un monto superior. Llama la atención que en todos los casos los pagos figuran como efectuados en la modalidad ´contado´ y que el pago se realizara el mismo día del vuelo”, remarcó la fiscal.