Precios Justos: a Juntos por el Cambio le molesta el control de los gremios, y sigue apostando por la inflación

Al haber detectado que en las góndolas había desabastecimiento de varios de los productos que forman parte del programa Precios Justos y, por ende, irregularidades que estaban cometiendo las empresas, la Secretaría de Comercio Interior dispuso profundizar los controles en los centros de logística donde se cargan los camiones con alimentos, que luego van a los supermercados de todo el país.

Para realizar esa tarea de fiscalización, los inspectores de la Secretaría fueron acompañados por trabajadores del sindicato de Camioneros que, como son ellos los que cargan los camiones, podían aportar información, lo que desató la ira de los principales dirigentes de la oposición que salieron a decir que el Gobierno “manda a los camioneros a patotear”, y “extorsionar”.

Como si fuera poco, además hicieron denuncias penales y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta habilitó una línea telefónica para que los vecinos denuncien “posibles controles de patotas y piqueteros”.

El hecho es que, a pesar de las constantes piedras que colocan en el camino, el programa Precios Justos del Gobierno ya cuenta con una quincena de sindicatos que trabajan bajo la coordinación de la Secretaría de Comercio para velar por el cumplimiento de los acuerdos firmados con las cámaras empresarias.

Al monitoreo de Camioneros se le suma el de la mayoría de las organizaciones que integran la Confederación de Sindicatos de la Industria de la Alimentación (Casia), un sello clave que está presente en toda la cadena de elaboración, distribución y venta de los productos destinados a la mesa hogareña.

Pero lo que más ruido hizo fue la participación de Camioneros en el programa, y más cuando el titular del gremio, Pablo Moyano, confirmó que “estamos colaborando para que no haya desabastecimiento”, y para que se cumpla con los precios acordados.

“Nosotros no sancionamos supermercados, sólo colaboramos para que no haya especulación. Denunciamos que se están encanutando productos”, dijo, y agregó que su organización detectó que algunas compañías despachan “diez camiones y de esos sólo llegan dos a la góndola”.

Mientras tanto, militantes de organizaciones sociales cercanas al Gobierno se ocupan también de recorrer las grandes cadenas de supermercados y de monitorear que no falten productos incluidos en los Precios Justos. También numerosos municipios del interior sacaron a la calle a los inspectores que tienen a su disposición con el mismo objetivo.

Desde mediados de diciembre unos 5.000 integrantes de Barrios de Pie y, en menor medida, del Movimiento Evita, recorren las góndolas de los supermercados que se sumaron al programa que involucra a 1800 productos de consumo masivo que deberían mantener sus precios durante 120 días.

Por otro lado, hubo un compromiso de todas las compañías que participan de no aumentar más del 4% en el resto de los productos. Y se encargan de informar a través de la aplicación que creó el ministerio de Economía las irregularidades que detectan.

Desde la Secretaría a cargo de Matías Tombolini aclaran que los militantes “de ninguna manera son una autoridad de aplicación” porque “el rol del Estado no se puede delegar”. La principal tarea consiste en colaborar denunciando ante Defensa del Consumidor, mediante la aplicación. “Es un intercambio de información”, explican.

Y como no podría ser de otra manera, en los últimos días desde Juntos por el Cambio, con la complicidad de los medios hegemónicos, intentaron instalar la idea de que “camioneros y piqueteros” iban a invadir supermercados y comercios de cercanía para sembrar pánico.

En modo de campaña electoral, la estrategia se basó en estigmatizar a esos sectores que buscan colaborar con el control de los precios, ya sea brindando información sobre lo que sucede en los centros logísticos donde los empresarios cometen irregularidades, o bien capacitando a la ciudadanía para que aprenda a utilizar la app del Gobierno y que no paguen más de lo que corresponde.

La dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, hasta denunció penalmente al presidente Alberto Fernández; al ministro de Economía, Sergio Massa y al secretario de Comercio, Matías Tombolini “por el accionar del Gobierno de usar piqueteros y camioneros en el control de precios como si fueran grupos parapoliciales”.

Y en medio de las discusiones por los controles de precios, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires les pidió este lunes a los comerciantes que denuncien a los camioneros que supervisen la mercadería que sale de los centros de distribución de los supermercados cuando actúen de forma violenta.

“Frente a cualquier situación en la que reciban un hostigamiento, una amenaza, una dificultad para poder ejercer sus derechos, cuentan con el 911 para ponerse en contacto con nosotros y que las fuerzas de seguridad, la Policía de la Ciudad, se haga presente en los comercios y restablezca el imperio de la ley”, precisó el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel.

El funcionario sostuvo que este tipo de políticas económicas “nunca funcionó en la Argentina”, y resaltó que el hecho de que “ahora, además, se convoque una suerte de fuerza paraestatal para amedrentar, para hostigar, a los comerciantes y a quienes están ejerciendo su legítimo derecho a trabajar y comerciar, cruza todos los límites”.

“Por eso queremos aprovechar para decirle a los comerciantes y a todos aquellos que ejercen su derecho a trabajar y comerciar libremente, que van a encontrar de nuestro lado todo el respaldo frente a estos atropellos”, destacó. Eso sí, ni una palabra sobre los abusos de las empresas y grandes cadenas de supermercados que mantuvieron como política a lo largo de 2022 la constante remarcación de precios.