La situación judicial del exjefe de Gabinete Manuel Adorni se complica. El fiscal federal Gerardo Pollicita le pidió que explique el origen de una serie de fondos, compras y gastos que, según la investigación, no logran encontrar hasta el momento una justificación suficiente en los ingresos lícitos comprobados de su grupo familiar.
El requerimiento, firmado este lunes, se encuentra bajo reserva, aunque trascendió un resumen de siete páginas en el que se detallan las principales inconsistencias detectadas durante el análisis patrimonial.
En total, la Justicia encontró una diferencia de más de 43 millones de pesos y una suma que supera los 403 mil dólares, vinculadas a gastos, adquisiciones y movimientos patrimoniales que deberán ser explicados por el exfuncionario.
Adorni tendrá ahora 15 días para presentar la documentación y brindar las explicaciones correspondientes. Si sus respuestas no convencen al fiscal Pollicita ni al juez Ariel Lijo, podría ser citado a indagatoria en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
Una brecha que no cierra
Uno de los puntos centrales de la investigación está relacionado con los gastos corrientes del grupo familiar durante el período en que Adorni ejerció funciones en el Gobierno de Javier Milei.
Según el informe incorporado a la causa, durante el período investigado Adorni percibió 35 haberes correspondientes al ejercicio de su cargo, a los que se sumaron los ingresos comprobados de su cónyuge. En conjunto, esos recursos alcanzaron los $229.752.283,20.
Sin embargo, durante ese mismo período el grupo familiar afrontó gastos por $272.820.832,20, incluyendo seguros automotores, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y consumos con tarjetas de crédito.
La diferencia entre los ingresos comprobados y esos gastos alcanza los $43.068.549, una brecha que la Justicia pretende que el exfuncionario explique. fileciteturn1file0L49-L52
A esto se suman las adquisiciones patrimoniales. La investigación pone bajo la lupa la compra de un departamento ubicado en la calle Miró, en Caballito; la adquisición de una propiedad en el country Indio Cuá y su posterior remodelación, además de alquileres y otros movimientos que representan más de USD 402.000. fileciteturn1file0L51-L52
Los 20 puntos que deberá explicar Adorni
El requerimiento fiscal contempla una veintena de cuestiones sobre las que Adorni deberá aportar documentación y explicaciones.
Entre ellas aparece el origen de los dólares en efectivo declarados bajo el concepto de “venta de activos”, sin que se haya especificado qué bienes fueron vendidos. También deberán aclararse dos préstamos atribuidos a familiares, cuya entrega efectiva de fondos no estaría documentada.
La Justicia puso además el foco en la compra de un Jeep, en el origen del dinero utilizado para adquirir y remodelar la propiedad de Indio Cuá —incluidos USD 245.000 abonados a un contratista— y en la compra del departamento de Miró 550 y su mobiliario.
También se investigan ingresos declarados como “exentos”, supuestas herencias o donaciones utilizadas para explicar parte del incremento patrimonial y el uso reiterado de terceras personas para realizar pagos de bienes por cuenta del exfuncionario, con posteriores reintegros en efectivo.
Otro de los capítulos está relacionado con las operaciones con criptoactivos, incluidas cuentas que no habrían sido declaradas inicialmente.
A la lista se suman comprobantes fiscales por más de $6 millones y facturas superiores a $2 millones que no encontrarían correspondencia con medios de pago registrados; deudas con el Banco Galicia que aparecen y desaparecen entre distintas declaraciones; honorarios notariales facturados a su cónyuge; consumos realizados por terceros como usuarios adicionales de sus tarjetas y las mejoras declaradas en ambas propiedades.
Quince días para explicar lo que no cierra
En síntesis, el dictamen fiscal describe una brecha patrimonial tanto en pesos como en dólares y enumera múltiples inconsistencias entre las distintas declaraciones juradas presentadas por Adorni.
Ahora será el exfuncionario quien deberá aportar las pruebas necesarias para despejar las dudas planteadas por la investigación.
La Justicia no está pidiendo explicaciones políticas ni discursos de campaña: está reclamando documentación sobre cómo se obtuvieron y cómo se pagaron determinados bienes y gastos.
Mientras el Gobierno de Javier Milei convirtió la palabra “transparencia” en una bandera permanente contra sus adversarios, uno de sus exfuncionarios más importantes quedó obligado a responder ante la Justicia por una cuenta que, por ahora, no cierra: más de $43 millones de diferencia, cientos de miles de dólares y una larga lista de operaciones que requieren explicación. Ahora llegó la hora de las pruebas. Porque cuando los números no cierran, ningún discurso alcanza para hacerlos desaparecer.