Una vez más, la justicia vuelve a demostrar que es un apéndice del macrismo: esta mañana, la Cámara Federal porteña ordenó que la causa que investiga el viaje a Lago Escondido de un grupo de jueces con el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro -actualmente bajo licencia- y empresarios del Grupo Clarín, sea tramitada en los tribunales de Comodoro Py.
De esta manera, el escandaloso viaje –que hasta ahora se venía instruyendo en los tribunales de Bariloche- será tramitado por los magistrados amigos del poder real, por lo que inexorablemente todos los caminos conducirán, más temprano que tatrde, al cierre de la causa.
La decisión fue tomada en las últimas horas por el juez Eduardo Farah, quien de esa forma hizo lugar a un planteo formulado por la defensa del magistrado en lo penal económico Pablo Yaradola, uno de los investigados. La Fiscalía se había pronunciado en el mismo sentido.
“Se sabe -sin debate o duda al respecto- que todos los agentes públicos que se mencionaron ejercen sus funciones en el ámbito de esta ciudad; todos los asuntos que -se dijeron- conectados a los hechos, se sustanciaron o llevaron adelante en esta sede territorial; si, por hipótesis, existieron los alegados ofrecimientos y aceptaciones de traslados y alojamientos (etc.), los incumplimientos de obligaciones ligadas a los oficios de los involucrados, u otras variantes que se trajeron a colación, todo ello también habría sucedido aquí”, sostuvo la previsible resolución.
Frente a ese contexto, sostiene Farah, es la justicia federal de Comodoro Py la que debe llevar adelante la investigación, que quedará bajo la órbita del juzgado de Sebastián Ramos.
Agrega que “es notorio que las circunstancias que son dirimentes para la solución del tema tienen una nota en común: habrían acontecido en esta Ciudad de Buenos Aires -sostuvo el fallo-. A los fines de determinar la competencia territorial (únicos que se analizan en la presente) deviene insustancial cuál habría sido el destino previamente pactado y después concretado de aquellos servicios”.
“Nótese, para reforzar el argumento, que podría haber correspondido a diferentes lugares, e incluso al exterior del país, pero la definición del tema sería la misma que propondré aquí”, dijo Farah.
“Como se deduce de lo anterior, coincido con la opinión de las dos partes contrarias que alegaron en el legajo: para definir la competencia hay que estar a la naturaleza del delito y las circunstancias especiales del hecho que surjan de las actuaciones y partiendo de ese principio, resulta que tanto la ley como la jurisprudencia, imponen a mi juicio atribuir intervención a este fuero en los eventos denunciados en ambos procesos. Ello me conducirá a acceder a la petición de la defensa y la fiscalía de cámara de revocar la solución de primera instancia y encomendarle que requiera la inhibitoria del Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche en los mencionados en el planteo, allí radicados”, agregó.
Con esta decisión, la justicia de Bariloche podría oponerse y trabar un conflicto de competencia que terminará definiendo la Cámara de Casación, tal como ocurrió con las causas de espionaje. Sin embargo, el escenario parece poco probable: la jueza del sur que tiene el caso se jubilará en los próximos días.
En Bariloche, la causa por el viaje a Lago Escondido investiga los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y aceptación de dádivas, a partir de la denuncia del abogado Marcelo Hertzriken Velasco, y la intervención de la fiscal federal María Cándida Etchepare.
En el expediente aparecen imputados el ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro; el Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el Juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Alberto Mahiques; los jueces Julian Ercolini, Pablo Yadarola, y Pablo Cayssials; el ex funcionario del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE), Leonardo Bergroth; y los empresarios Tomás Reinke, Pablo César Casey y Jorge Rendo, del Grupo Clarín.
La denuncia había sido radicada en octubre, pero cobró vuelo cuando se conocieron audios en los que los participantes del vuelo hablaban de la difusión de esa noticia y cómo manejarse en consecuencia.