Coparticipación federal: la Corte Suprema se prepara para beneficiar a Rodríguez Larreta

En el gobierno porteño crece la ansiedad a medida que esperan una decisión de la Corte Suprema de Justicia para los próximos días, sobre la denuncia por incumplimiento, en torno a la controversia desatada con el gobierno nacional por la coparticipación federal.

La administración de Alberto Fernández había propuesto pagar con bonos, algo que fue rechazado por la Ciudad de Buenos Aires, donde se asegura que perdió $ 35 mil millones desde que el máximo tribunal les otorgó una cautelar.

Por eso mismo, en el Gobierno porteño hay expectativa por una resolución de la Corte, que podría llegar el próximo jueves o en los primeros días de marzo. El expediente denominado “Sobre ejecución fiscal”, fue incluido dentro de los casos que están bajo análisis.

El 6 de febrero último se registró un primer movimiento del expediente este año, y al día siguiente figura un pase a la Procuración General de la Nación.

Si bien en Ciudad reconocen que “la Corte no tiene plazos” para expedirse, creen que por tratarse de un caso “urgente” podría haber novedades en los próximos días. “No cumplir un fallo de la Corte es algo inédito”, sostienen allegados a Rodríguez Larreta.

En los casi dos meses que transcurrieron desde la cautelar, el escenario porteño sufrió un cambio considerable: por el escándalo de los chats, el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, se tomó una licencia que en principio durará hasta abril. El gobierno porteño perdió así a uno de los interlocutores que tenía con la Corte.

El procurador General de la Ciudad, Gabriel Astarloa, es quien desde el principio estuvo al frente del caso, pero D’Alessandro había sido parte de todas las audiencias con el gobierno nacional.

Esa denuncia está vinculada al incumplimiento de Nación de la cautelar que obliga a girarle el 2,95 % correspondiente a la Coparticipación, que incluye el traspaso de la policía.

En la jefatura de Gobierno porteño aseguran que desde que la Corte otorgó la cautelar en el expediente por la transferencia de la Policía Federal a la Ciudad, 35 mil millones de pesos debieron haber ingresado a las arcas porteñas, pero nunca llegaron.

Tras haber dicho que incumpliría la decisión de la Corte, Alberto cambió de opinión y ofreció una solución que el gobierno porteño rechazó: depositar en una cuenta del Banco Nación bonos que vencen en 2031 y tienen baja aceptación en el mercado.

Con esa medida el gobierno nacional consideró que había cumplido con el fallo de la Corte y dejó de transferirle el 0,55 % votado por el Congreso. Es por eso que desde el 22 de diciembre la Ciudad recibe el 1,4 % de Coparticipación.

En LaPolíticaOnline se resalta que antes de dar una respuesta por el incumplimiento, la Corte debe resolver dos presentaciones de Nación. La primera, es expedirse sobre la recusación a los ministros por “razones de decoro y delicadeza”, y la segunda una revocatoria “in extremis” del propio fallo del supremo tribunal. Pareciera imposible que alguna de las presentaciones prospere.

Una vez resueltos esos expedientes, en la Ciudad esperan que la Corte ordene que Nación pague el 2,95 % dispuesto por la cautelar. El mayor incentivo que tiene el gobierno nacional para cumplir el fallo de la Corte es el peligro que enfrentan Alberto Fernández, Sergio Massa y Wado de Pedro de verse involucrados en causas penales por desacato.

La denuncia por incumplimiento que presentó el gobierno porteño apunta a los principales funcionarios de Nación, a las cabezas de los ministerios de Economía y del Interior, Sergio Massa y Wado de Pedro, a la directora del Banco Nación, Silvina Batakis, y a todo su directorio.