La Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció ante la justicia federal que se registraron casi 40.000 ingresos indebidos al sistema en el que constan todos los bienes, cuentas, propiedades y movimientos de los argentinos.
Las personas a las que se le realizó ese espionaje fiscal, entre el 1 de enero de 2017 y el 24 de octubre de 2019, o sea durante el gobierno de Mauricio Macri, son dirigentes políticos del Frente de Todos, también de Juntos por el Cambio distanciados del entonces presidente, empresarios, jueces, renombrados jugadores de fútbol e integrantes de la farándula.
Según revela hoy Raúl “Tuny” Kollmann en el diario Página/12, todo indica que la información se usó para presionar o “carpetear”, como se dice en la jerga, y en algunos casos para armar causas judiciales.
Un ejemplo es cómo utilizó otra información Marcelo D’Alessio: “Tengo todos tus viajes, el yate que tenés en Olivos, los gastos de tarjeta que no se explican”, apretaba el falso abogado. La denuncia por los ingresos indebidos, firmada por el actual titular de la AFIP, Carlos Castagneto, tiene fecha del 16 de febrero y recayó en el juez Julián Ercolini. Resulta más que evidente que el magistrado, uno de los viajeros a Lago Escondido, no tiene vocación de involucrarse personalmente en investigar el espionaje fiscal macrista, por lo que tomó la decisión de delegarle la pesquisa al fiscal Ramiro González.
En teoría, el funcionario de la AFIP que ingresó 56.864 veces al sistema es Vicente Luis Magnaterra. De ese total, según un informe de auditoría, 35.439 se hicieron sin justificación alguna. Pero es evidente que no fue un solo funcionario el que hizo los ingresos, ya que es materialmente imposible: la hipótesis obvia es que se armó una oficina, con 10 o 15 agentes, que utilizaron la misma computadora y el mismo usuario.
Magnaterra era parte de la Auditoría de Riesgos, Planificación y Control, que tenía como jefe al contador Néstor Abelardo Sosa. En la investigación sobre el hostigamiento a los directivos de Oil Combustibles, Cristóbal López y Fabián de Sousa, que estuvieron dos años presos, surgió que los informes originales de la causa, los números 14/2016 y 15/2016 fueron realizados por Sosa. Aquellas maniobras se realizaron en tiempos en que el titular de la AFIP era Alberto Abad. Los ingresos ilegales denunciados por Castagneto son tanto del mandato de Abad como de la gestión de Leandro Cuccioli.
La AFIP no quiere dar a conocer los nombres de las víctimas del espionaje porque rige el secreto fiscal. En teoría, lo que debe suceder es que el juez Ercolini debe levantar el secreto para que el organismo recaudador le informe al propio magistrado a quién se investigó de manera ilegal.
Sin embargo, el fiscal González pidió la lista de las víctimas del espionaje y sostiene –con razón– que no está entrando a los datos de esas personas, sino únicamente a la nómina. Lo que sí se sabe es que hay aproximadamente 11.000 víctimas y de todos los colores: del peronismo, de JxC, empresarios, jugadores de fútbol, actores, actrices, y personalidades de la televisión.
El conjunto variopinto recuerda mucho, muchísimo, a lo hecho por el grupo de espías autodenominado Super Mario Bross, con Macri en la Casa Rosada: ellos siguieron al Instituto Patria, pero también a Diego Santilli, Horacio Rodríguez Larreta, Emilio Monzó, el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones; el periodista Hugo Alconada Mon; Hugo y Pablo Moyano; la diputada Graciela Camaño y hasta la propia hermana de Mauricio Macri, Florencia. El listado es amplísimo e incluye a macristas que por entonces opinaban que había que buscar otra candidatura presidencial, no la de Macri.
En la denuncia, Castagneto graficó la irregularidad de los ingresos. Se pregunta: ¿hay documentación sobre las razones de la entrada al sistema? ¿Obedece a una denuncia fundada? ¿el contribuyente figura en la denuncia? A través de esos tamices es que se llega a la cifra de ingresos indebidos. Sucede que los funcionarios de la AFIP no pueden indagar en la vida de los ciudadanos sin una razón justificada. No se pueden pasear por el sistema como si fuera un shopping.
El fiscal Ramiro González, con fecha 8 de marzo, firmó un escrito en el que impulsó la investigación. Propuso una serie de medidas. Por ejemplo, que se le entregue copia de la auditoría que estableció la existencia de los 35.439 ingresos indebidos; una copia del primer informe que detectó esas entradas; un detalle del personal que trabajaba en el área desde el cual se ingresó al sistema, incluyendo las autoridades intermedias y superiores y un listado de los contribuyentes sobre los cuales se hicieron las consultas presuntamente ilegales. Todo eso se le pidió a la AFIP.
En realidad, ya existe una denuncia anterior, formulada por la entonces titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont, a raíz del grupo de tareas que existió dentro de la AFIP, y que se dedicó a perseguir a quienes entonces eran personalidades o empresas a los que el macrismo sindicaba como opositores. En primer lugar, Cristina Kirchner y su familia, pero también los empresarios de Oil Combustibles o Electroingeniería.
Aquel expediente también recayó en Julián Ercolini y no se percibe ningún movimiento. Cuando se le pregunta a quiénes le proveyeron datos a ese grupo de tareas, alegan que lo hicieron “por obediencia debida”, pero se niegan a contestar de quién fueron las órdenes.
En realidad, la catarata de accesos indebidos no es sólo de violación del secreto fiscal, sino que internacionalmente los aprietes de esta naturaleza son considerados violaciones a los derechos más elementales. Por lo tanto, el listado de delitos que se imputan por este espionaje ilegal arranca con violación del secreto fiscal, pero sigue con abuso de autoridad -que es utilizar su posición de poder para violar las normas y en este caso atropellar el derecho a la privacidad de las personas-, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado por ser funcionario público.