Después de la dura derrota sufrida ayer en Diputados, que dejó a Javier Milei con su Ley Ómnibus en foja cero, en las últimas horas el Gobierno salió a agitar su larga amenaza de plebiscitar lo que el Congreso y el diálogo democrático no le permitan disponer.
Confiado en el porcentaje del balotaje que –tras aliarse con otras fuerzas políticas de derecha- lo llevó a la Casa Rosada y sin tomar nota de las encuestas que registran una fuerte caída de su imagen positiva por los brutales ajustes e inflación, el oficialismo ya hace cálculos.
Así lo confirmó esta mañana el vocero presidencial Manuel Adorni, quien luego del fracaso en Diputados volvió a echarla la culpa de todo a los gobernadores, y dijo que el presidente “tiene la decisión tomada” de avanzar con las medidas incluidas en el proyecto caído, y que “lo va a hacer con las herramientas que la Constitución le permite”.
Durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el funcionario sostuvo que “la ley va a ser realidad. En tal caso, en algún momento la política se dará cuenta lo que pide y quiere la gente. En definitiva, en algún momento la ley va a ser realidad. Evidentemente, todavía no perciben lo que requiere la Argentina, y evidentemente no están asimilando lo que la gente votó, que fue un cambio”.
Una de las herramientas que le otorga la Carta Magna es la misma con la que el presidente amenazó una y otra vez ante cualquiera que le preguntara qué haría en caso de que sus iniciativas no tuvieran consenso político: “Llamaría a un plebiscito”.
Lo dijo en campaña cuando se refirió la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), lo dijo como presidente cuando publicó su cuestionado DNU 70/2023, y lo dijo a través de sus voceros cuando mandó al Congreso la ley ómnibus diseñada, entre otros, por Federico Sturzenegger.
En su artículo 40, la Constitución establece la consulta popular como una herramienta a la que pueden apelar los poderes Legislativo y Ejecutivo para el caso de un proyecto de ley. En un breve texto, la Carta Magna define las condiciones y los límites.
Las consultas pueden ser vinculantes y no vinculantes. Para el caso de la primera, la convocatoria deberá ser aprobada por las dos cámaras del Congreso. Y una vez plebiscitado el proyecto en las urnas, en caso de ser aceptado se “convertirá en ley y su promulgación será automática”; es decir que “no podrá ser vetada”.
También prevé como competencias del Congreso o el Presidente la consulta popular “no vinculante”. En caso de que Milei quiera activar un plebiscito, esta sería la única modalidad con la que podría hacerlo. “En este caso –aclara la Constitución- el voto no será obligatorio.”
En caso de que el proyecto fuera apoyado por la ciudadanía, no se convertiría automáticamente en ley ni el Gobierno está obligado a acatar la voluntad de la mayoría. Es decir que en caso de que fuera rechazado, el Gobierno tampoco está obligado a desistir del tema.