El proyecto de reforma laboral que impulsa la mayoría del bloque de la UCR en Diputados y que el Gobierno apoya como parte del nuevo tratamiento de su nueva Ley Bases (Ley Ómnibus) tiene defectos de forma y es, en su mayoría, igual al sancionado en el mega DNU de Javier Milei de diciembre pasado, aunque introduce algunas moderaciones y endurece otros puntos, según el análisis de varios expertos.
Encabezado por Rodrigo de Loredo, el bloque radical se lo presentó días atrás al jefe de Gabinete, Nicolás Posse. La intención del Gobierno es, en principio, impulsar ese borrador o uno similar, en cualquier caso, consensuado con el radicalismo, para asegurarse la aprobación de la Ley Ómnibus y evitar el traspié de la última vez.
Según precisa hoy El Destape, en verdad, la reforma laboral fue sancionada en diciembre pasado como parte del DNU 70/2023 de desregulación de la economía. Pero el capítulo entero fue judicializado primero por la CGT y luego por otros sectores. En febrero, la Cámara del Trabajo le dio la razón a la central sindical al declararla inconstitucional, pero el Poder Ejecutivo apeló y la decisión final se encuentra en manos de la Corte Suprema, que todavía no se expidió al respecto.
El presidente Javier Milei apunta a asegurarse de una vez por todas la vigencia de la normativa introducida por decreto a través de su legitimación paralela en el Congreso. Eso, a su vez, podría torcer a su favor el eventual fallo de la Corte. De hecho, su presidente, Horacio Rosatti, dijo días atrás que “hay que darle una chance a la política” antes de que el propio tribunal determine si el DNU el constitucional o no.
La iniciativa encaja bien con la postura mayoritaria en la UCR, que considera que buena parte de los cambios introducidos en el decreto son positivos, pero pidió que fueran aprobados por ley por una cuestión de forma.
Expertos señalaron que el borrador radical es, en sus lineamientos principales, una copia de lo establecido en el DNU. “Hicieron un copy paste sin dedicarle mucho tiempo y modificaron algunas cosas puntuales”, afirmó al respecto Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. En tanto, Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), coincidió en que el contenido del proyecto “es prácticamente una copia del DNU”.
Por eso, primero apuntaron a los problemas de forma que tiene el proyecto introducido por el radicalismo y apoyado por el Gobierno. “Lo que la UCR pretende es darle legalidad a la aberración jurídica que fue el intento de reforma laboral por un DNU”, señaló Cremonte.
“Es una norma que no está conjugada con los principios rectores generales de la ley, con lo que generará una catarata de juicios por inconstitucionalidades”, consideró el abogado laboralista Sergio Omar Rodríguez. Para el propio Campos, el borrador radical es “muy deficiente en materia de técnica legislativa, al igual que el DNU”.