Pasaron cuatro meses desde que Javier Milei se colocó la banda presidencial, y acorralado por la realidad, a la que esquiva o directamente ignora mientras se dedica a recorrer las redes sociales durante horas, tuvo que arriar una de sus máximas banderas, y así reconocer que el Dios mercado no es todopoderoso: tuvo que rendirse ante la influencia de un sector que su gobierno liberó, como lo es el de la medicina prepaga.
En otras palabras, ante un panorama de alto riesgo por lo que para el Gobierno implica haber dejado atrás su principal carta, se cae a pedazos la teoría libertaria de la efectividad de la auto regulación.
Como respuesta al creciente malestar social que generaron los aumentos récord de esas empresas, y después de haberle otorgado vía libre para que suban sus cuotas a voluntad, al Ministerio de Economía no le quedó otra que dejar de lado los principios libertarios, y se vio obligado a intervenir y fijar cómo y cuánto deben aumentar las tarifas de la salud privada.
Se trata de un esquema que, por seis meses, no será libre, sino que se volverá al precio de diciembre y, desde allí, se aplicarán subas en base a la inflación mensual. Esto redundaría, a través de la inevitable intervención del Estado que Milei tanto desprecia, en un aumento un 30 % menor que el que se dio en el esquema de precios libres.
De esta manera, teniendo en cuenta que el mercado de la medicina prepaga no se moderó ni compitió por precios a la baja, sino que hizo todo lo contrario, el presidente dispuso volver a regular al sector para evitar un descontrol de precios.
“Prepárense porque vuelve el kirchnerismo”, se anticipaba un funcionario de Gobierno antes del anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, en Casa Rosada sobre lo que se vendría: la orden de que las prepagas deberán retrotraer los precios a diciembre y que aumenten por inflación.
En un contexto en el que reinó la confusión y los nervios, Economía avanzó en esta regulación, cuando horas antes había presentado un amparo judicial para frenar los aumentos, y mientras rige el DNU que, entre otros puntos, liberó las tarifas de las prepagas.
Un dato no menor es que, con el mismo DNU que desreguló a las prepagas, el Gobierno también eliminó el esquema de información de costos que regía en la Ley sectorial. Sin eso, hoy no tiene forma de lograr, en la práctica, que las empresas les devuelvan a los usuarios el dinero mal cobrado en estos meses. Es decir, la capitulación política fue total y, además, desordenada.
Y mientras hoy ocurre esto con las empresas de medicina prepaga, no son pocos los que por estas horas ya empiezan a preguntarse quién garantiza hoy que ahora usuarios concurran a la Justicia, -en base a la decisión del gobierno de volver atrás aumentos con sospechas de cartelización-, a pedir que ocurra lo mismo con el mercado de combustibles, telecomunicaciones, de colegios privados y hasta de tarifas de la energía, por ejemplo.
En el Gobierno insisten en que “no se discute el precio de las prepagas”. Una fuente con acceso a Milei destacó: “A nosotros no nos importan los precios, que aumenten lo que quieran, pero vimos acá que los precios fueron armados de manera cartelizada. Acá hay abuso de posición dominante porque tienen clientes cautivos y con enfermedades preexistentes”.
Además, destacan que “la posición de estas prepagas va en contra de las ideas del Gobierno, que quiere fomentar la libre competencia. No queremos monopolios”. Las empresas que deberán retrotraer los aumentos son: Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE. Estas prepagas comprenden al 75% de los afiliados a medicina privada.
En los papeles, las prepagas aumentaron, de enero a marzo, cerca de un 116 %. En ese mismo lapso, la inflación fue de 51,5 %. Así las cosas, y considerando el Gobierno una inflación del 10 en abril, en las próximas facturas el usuario registrará un monto a pagar entre un 33 y 35 % menor al que venía abonando.