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La Plata
24 julio, 2024
PAÍS

Represión frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases: denuncian al Gobierno ante la ONU y la CIDH

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció al Gobierno nacional de Javier Milei ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas (ONU) por “restricciones al derecho a la protesta”, a raíz de la fuerte represión desplegada el miércoles último durante el debate de la Ley Bases y las detenciones arbitrarias de las fuerzas de seguridad.

El organismo de derechos humanos alertó una “escalada penal arbitraria y peligrosa” dadas las imputaciones que se les pretende endilgar a las y los 33 detenidos –de los cuales 17 fueron liberados el viernes por la noche- por delitos gravísimos como “terrorismo” y “sedición”, tras la presentación realizada por el fiscal Carlos Stornelli.

Además, solicitaron a la jueza María Romilda Servini la liberación de todas las personas encarceladas (16).

“El objetivo político del gobierno es infundir miedo a cualquiera que se movilice para protestar”, indicaron en un comunicado, y explicaron que hicieron las presentaciones en un contexto “de restricciones muy graves al derecho a la protesta, a la libertad personal y a las garantías judiciales”.

Los escritos están dirigidos a las y los relatores especiales de la CIDH y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU, y forman parte de otras presentaciones que ya hizo el CELS en otras ocasiones desde el inicio de la gestión ultraderechista para hacer un seguimiento de la “situación en la Argentina en relación con procesos de represión y criminalización de la protesta y otras formas de organización política y social”.

El pedido concreto a los organismos internacionales internacionales es:

  1. Solicite información al Estado sobre el desarrollo del operativo de seguridad del día 12 de junio de 2024, especialmente respecto del respeto al derecho a la protesta social y libertad de expresión;
  2. Manifieste al Estado argentino su preocupación por la situación de criminalización de la protesta social por parte de las fuerzas de seguridad;
  3. Formalice una manifestación pública de preocupación por los hechos puestos en su conocimiento, que afectan gravemente el derecho a la protesta, a la libertad de expresión y a la reunión en la Argentina.
  4. Solicite al Estado argentino que se abstenga de disuadir la participación en manifestaciones, de estigmatizar a las organizaciones sociales y sindicales y de inhibir el pleno ejercicio del derecho a la protesta, la libertad de expresión y de asociación por parte de la ciudadanía.

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