El 72% de los argentinos está de acuerdo con aumentar las penas para luchar contra la inseguridad; en esta línea, la baja en la edad de imputabilidad a 14 años alcanzó el 69%. Sin embargo, la pena de muerte no tiene lugar en la Argentina: seis de cada diez están en desacuerdo.
Así se desprende de un relevamiento llevado a cabo por el observatorio Pulsar de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) bajo relevamientos telefónicos y domiciliarios a 1.250 argentinos, residentes en CABA/ GBA, el interior de la provincia de Buenos Aires más las zonas centro, cuyana, norte (NOA y NEA) y patagónica del país.
En el informe se aclara que “el consenso sobre el tipo de Estado que desea la sociedad argentina incluye un acuerdo sobre cómo resolver los conflictos, los niveles de intervención y los grados de coacción necesarios para manejar las tensiones del orden público”.
El relevamiento de la UBA propone repasar el consenso en torno a qué Estado y sobre cómo resolver los conflictos, principalmente los vinculados con la inseguridad. “En los últimos dos años el tema tuvo una notable presencia en la agenda, al punto que se ha discutido la libre portación de armas o la utilización de las Fuerzas Armadas para preservar la seguridad interior. A propósito del debate generado en la agenda electoral, nos resulta interesante analizar las percepciones sociales respecto de cuál debe ser el rol del Estado frente al orden público”, explica el documento.
En este sentido, se remarca:
– Aumentar las penas, con amplio consenso social: 72% de los consultados está de acuerdo con el aumento de penas para luchar contra la inseguridad.
– La baja de imputabilidad gana terreno: 69% está de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad a 14 años.
– La pena de muerte no tiene lugar en la Argentina, donde 6 de cada 10 están en desacuerdo con esa iniciativa.
– Mayor seguridad, sí, pero sin excesos ni abusos. 1 de cada 2 encuestados considera que debemos preservar nuestras libertades y derechos individuales, incluso si esto dificulta el combate contra el narcotráfico.
Respecto de la pena de muerte, un 61% de los consultados se manifestó en contra de instaurarla como posibilidad en algunos delitos, con amplio rechazo social en todas las franjas etarias, en casi todos los niveles educativos, y entre simpatizantes del peronismo y de Juntos por el Cambio. Los únicos dos segmentos que aparecen divididos en proporciones similares son aquellos que tienen educación primaria (52% de rechazo, 47% de apoyo) y entre los simpatizantes de La Libertad Avanza (54% de rechazo, 46% de apoyo).
Otro de los puntos destacados fue el rechazo a la libre portación de armas. El 87% de los consultados manifestó estar “nada” y “poco de acuerdo” (en 2023 fue del 86%), “esta resistencia, nuevamente, se repite en todas las edades y niveles educativos, al igual que en los distintos segmentos políticos. Las únicas (menores) diferencias surgen en la variación del rechazo entre quienes se identifican con La Libertad Avanza, un poco más tenue que los otros dos espacios políticos”, indica el informe.
En esta cuestión se destaca que “dos de cada tres consultados se ubican en posiciones más punitivistas frente al crimen”. Este porcentaje los integran los punitivistas moderados (43%) y los puros (21%); del otro lado de la vereda, los garantistas conforman el 36% del total, distribuidos entre moderados (18%) y garantistas (18%).
Por otra parte, el 72% la sociedad demanda más poder para la policía y su lucha contra el delito, frente al 23% que se opone; este pedido tiene más representación en los votantes ligados a La Libertad Avanza (91%) y Juntos por el Cambio (86%), mientras que los vinculados al peronismo están a favor en un 48%. A su vez, el 66% está de acuerdo con que los militares tienen que actuar para ayudar a combatir el narcotráfico. No obstante, uno de cada dos encuestados considera que debemos preservar nuestras libertades y derechos individuales, incluso si esto dificulta el combate contra el narcotráfico.