A solicitud del Papa Francisco y de los presidentes de Brasil, Colombia y Canadá, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decidió remover a Cuba de la lista de Estados considerados patrocinadores del terrorismo. En respuesta a esta decisión, el gobierno cubano anunció la liberación de 533 presos políticos.
Para implementar esta medida, Biden revocó un memorando promulgado en enero de 2021 por el entonces presidente Donald Trump, quien ahora será su sucesor en la Casa Blanca. La decisión se dio a conocer seis días antes del regreso de Trump al poder.
Según altos funcionarios de la administración estadounidense, esta medida busca facilitar la liberación de presos en Cuba, en un proceso mediado por el Vaticano. Poco después del anuncio de Washington, La Habana confirmó la excarcelación de los detenidos.
Además, Biden suspendió el derecho de los ciudadanos estadounidenses de demandar en tribunales de su país por propiedades expropiadas en Cuba y levantó sanciones financieras impuestas a la isla en 2017 mediante un memorando presidencial.
Desde La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel envió una carta al Papa Francisco en el marco del Jubileo Ordinario de 2025, recientemente declarado por el pontífice. En la misiva, comunicó la decisión de liberar a 533 personas sancionadas en procesos legales, como gesto de buena voluntad.
Cabe recordar que, en 2021, Trump había incluido a Cuba en la lista debido a la presencia en la isla de varios fugitivos estadounidenses buscados por la justicia o condenados por actos de violencia política.
El gobierno cubano calificó la decisión de Washington como acertada, aunque limitada, ya que el bloqueo económico contra la isla sigue vigente. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado por Bruno Rodríguez, “aunque es una medida limitada, representa un paso en la dirección correcta y refleja el persistente reclamo del gobierno y el pueblo de Cuba, así como de numerosos gobiernos de América Latina y el Caribe, cubanos residentes en el exterior, organizaciones políticas, religiosas y sociales, y figuras políticas de Estados Unidos y otros países”.
El Ministerio añadió que, aunque esta corrección llega al final del mandato de Biden, debió haberse tomado hace años para evitar las consecuencias de una “política cruel e injusta”.