El peronismo en el Senado está trabajando intensamente para bloquear los nombramientos, por decreto, de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema de Justicia. Mientras que Lijo ya cuenta con dictamen, aún falta el de García Mansilla para que ambos pliegos puedan ser tratados en el recinto. Por el momento, hay dos dictámenes, pero aún falta una firma.
Uno de los dictámenes fue impulsado por Unión por la Patria, que logró reunir seis firmas. Por otro lado, los senadores porteños Martín Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (PRO) promovieron otro dictamen, logrando ocho firmas. Como es habitual en el radicalismo, buscaron mantener cierta distancia con el peronismo. No obstante, se requieren nueve firmas para que haya dictamen sobre García Mansilla y, junto con el de Lijo, poder rechazar ambos nombramientos en el recinto. Se espera que en el transcurso del día se sume la firma de un radical, aunque los senadores disponibles, como Carolina Losada y la mendocina Mariana Juri, están más alineados con el gobierno.
Si el Senado avanza en el rechazo de ambos pliegos, el debate se trasladará al ámbito técnico sobre la validez de los nombramientos en comisión.
El Gobierno sostiene que ambos jueces pueden permanecer en el tribunal (García Mansilla ya juró) hasta noviembre de este año, por lo que solo podrían ser removidos mediante un juicio político.
Desde el Senado, algunos sostienen el argumento del Ejecutivo y afirman que los nombramientos en comisión son válidos hasta que la Comisión de Acuerdos se expida. Es decir, si los pliegos son rechazados en el recinto, quedarían invalidados.
El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, incluso lo admitió en una entrevista radial: “Si los rechazan, estos caballeros se van a su casa y habrá que nombrar nuevos pliegos”.
Mientras tanto, un grupo de organizaciones de la sociedad civil especializadas en Justicia enviaron cartas a los senadores exigiéndoles asumir su responsabilidad institucional y rechazar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, al considerar que fueron designados de manera “inconstitucional” por el presidente Javier Milei.
El documento, firmado por Amnistía Internacional, ACIJ, CELS, ELA, Inecip y Poder Ciudadano, cuestiona la postura del Gobierno Nacional, que sostiene que, incluso con el rechazo del Senado, los nombramientos seguirían vigentes hasta fin de año.
Por el contrario, las organizaciones argumentan que la jurisprudencia de la Corte y la doctrina nacional —incluida la citada en el decreto del Ejecutivo— establecen de manera unánime que un rechazo expreso del Senado pone fin inmediato a los cargos. En la nota, ofrecen a los senadores antecedentes jurídicos que respaldan esta interpretación constitucional.
“Si el Senado convalida esto, por acción u omisión, estará habilitando que cualquier presidente pueda designar jueces y altos funcionarios judiciales a su antojo, sin necesidad de construir los consensos requeridos por la Constitución”, advirtieron las entidades firmantes.
Las organizaciones también señalaron que, desde el momento de la postulación de los candidatos, existían razones para rechazar los pliegos. No obstante, ahora la necesidad de hacerlo es aún más imperiosa, ya que está en juego el equilibrio constitucional en la conformación del Poder Judicial y la independencia del máximo tribunal del país.
Finalmente, exhortaron al Senado a defender su autoridad política: “Si no lo hace, la división de poderes y la independencia judicial sufrirán un daño de largo impacto y difícil recomposición”, alertaron.