Mientras el presidente Javier Milei y gran parte de los medios de comunicación concentran su atención en los escándalos vinculados al crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno volvió a recurrir al endeudamiento externo y autorizó una operación financiera por 5.000 millones de dólares con entidades internacionales.
La medida fue oficializada mediante el Decreto 478/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial y firmado por Milei, Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo. El objetivo declarado es reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional, aunque para gran parte de la oposición representa un nuevo capítulo de la política de endeudamiento que históricamente condicionó a la Argentina.
La norma habilita además que los contratos contemplen la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales estaduales y federales de Nueva York, una cláusula que vuelve a generar controversias por la cesión de competencias judiciales en eventuales litigios internacionales.
Las facultades para concretar las operaciones de crédito fueron delegadas en la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas, ambas dependientes del Ministerio de Economía, que tendrán a su cargo la definición de las condiciones financieras de los préstamos.
En paralelo, la Cámara de Diputados confirmó para este martes una sesión especial en la que la oposición intentará avanzar con la citación de Manuel Adorni para que brinde explicaciones sobre las irregularidades detectadas en su declaración patrimonial, causa que ya se encuentra bajo investigación judicial.
El oficialismo confía en bloquear la iniciativa y evitar una derrota parlamentaria. Sin embargo, el resultado dependerá de la postura que adopten los bloques del PRO, la UCR y los legisladores provinciales. La oposición necesita reunir 129 diputados para alcanzar el quórum y abrir el debate.
Donde el Gobierno sí sufrió un revés fue en su disputa con Héctor Magnetto. Finalmente, el Grupo Clarín logró avanzar con la absorción de Telefónica a través de Telecom, consolidando una operación que modifica profundamente el mapa de las telecomunicaciones argentinas.
Antes de la fusión, el mercado estaba integrado por tres grandes jugadores: Claro, Personal y Movistar. Con la concentración, el nuevo conglomerado controlaría cerca del 58% del mercado, dejando a Claro con el 42% restante. Especialistas advierten que, sin medidas regulatorias de fondo, el resultado será un esquema cercano al duopolio en servicios móviles, internet y transmisión de datos.
Mientras el Gobierno proclama las virtudes de la libre competencia, la realidad muestra una creciente concentración económica en sectores estratégicos. Y como suele ocurrir cada vez que las recetas de ajuste y endeudamiento regresan al poder, los grandes grupos económicos amplían sus negocios mientras trabajadores, jubilados y sectores medios siguen haciendo cuentas para pagar tarifas, transporte, alquileres y alimentos.
El relato libertario promete menos Estado y más mercado. Pero detrás de los discursos sobre la libertad aparecen las viejas recetas de siempre: más deuda, más concentración económica y menos poder adquisitivo para la mayoría. Mientras los argentinos ajustan el cinturón, los bancos cobran, los monopolios crecen y la cuenta, una vez más, queda en manos de los de abajo.