Mientras millones de argentinos esperan con entusiasmo el partido de la Selección Argentina, el gobierno de Javier Milei continúa profundizando un modelo económico que golpea a la producción nacional, destruye las economías regionales y pone en riesgo los recursos estratégicos del país.
“Argentina solo produce dulce de leche y biromes”, suele repetir el Presidente, en una frase que refleja el desprecio por el desarrollo industrial, científico y tecnológico construido durante décadas. El rumbo elegido por el Gobierno apunta a una economía cada vez más primarizada, basada en la exportación de materias primas y petróleo, mientras abre indiscriminadamente las importaciones, condenando a miles de pequeñas y medianas empresas al cierre y a millones de argentinos a la pobreza.
Los números comienzan a confirmar esa realidad. Según un informe de Coninagro, la mayoría de las economías regionales atraviesa una situación crítica. Los sectores más afectados son la yerba mate, el arroz, las hortalizas, el maní, la mandioca y la producción láctea.
En el caso de la lechería, el Observatorio de la Cadena Láctea informó que durante el primer cuatrimestre del año el consumo de leche fluida cayó un 2,1%, mientras que la leche en polvo registró una baja interanual del 23%, reflejando el deterioro del poder adquisitivo de las familias.
El informe también analizó la participación de los productores en el precio final que pagan los consumidores. En mayo de 2026, solo cuatro de las once actividades relevadas mejoraron su participación respecto del promedio histórico: papa, hortalizas, porcinos y ovinos. Las siete restantes retrocedieron, confirmando que quienes producen reciben cada vez una porción menor del valor que finalmente paga el consumidor.
En la cadena porcina, el productor recibió el 37% del precio final, dos puntos por encima del promedio histórico. En la actividad ovina alcanzó el 22%, también por encima de los registros habituales.
La situación es muy distinta para otros sectores. En la cadena bovina la participación cayó al 58%, cuando históricamente rondaba el 62%; en la avícola fue del 40%, frente a un promedio del 44%; mientras que en la actividad lechera descendió al 23%, cinco puntos por debajo del promedio de los últimos años.
Uno de los casos más preocupantes es el de la yerba mate. La tonelada de hoja verde se pagó alrededor de 240.000 pesos, lo que representa una caída real del 20% respecto del año anterior. La desregulación impulsada por el Gobierno nacional dejó a miles de productores sin herramientas para defender el precio de su producción.
La vitivinicultura tampoco escapa a la crisis. La superficie cultivada volvió a reducirse y la vendimia 2026 cayó un 7% respecto de la campaña anterior. Además, el precio recibido por los productores se desplomó un 23% interanual.
En el algodón ocurre algo similar. Aunque el precio por kilogramo aumentó por encima de la inflación, la superficie sembrada se redujo un 43% y la producción proyectada para la campaña 2025-2026 será casi un 30% inferior a la anterior.
Mientras tanto, el Gobierno parece tener otras prioridades. Su principal objetivo político es garantizar la continuidad del proyecto libertario: busca modificar las reglas electorales, fracturar a la oposición y seducir a sectores del PRO para consolidar un frente de derecha. Incluso siguen las especulaciones sobre una eventual incorporación de Patricia Bullrich a una futura fórmula presidencial, aunque todavía no existe una definición.
La realidad, sin embargo, es mucho más urgente que cualquier armado electoral. Miles de productores trabajan al límite de la rentabilidad, las economías regionales se deterioran y el mercado interno continúa desplomándose.
Porque mientras el Gobierno discute cómo perpetuarse en el poder, el interior productivo sigue apagándose. Y cuando un país abandona a quienes producen, lo que está entregando no es solamente su economía: está hipotecando su futuro.