Mientras el Congreso y la Justicia exigen que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, la respuesta de la administración de Javier Milei vuelve a ser la misma: ajuste, indiferencia y represión. Estudiantes que reclamaban pacíficamente en la Secretaría de Educación fueron desalojados por la Policía Federal con gases lacrimógenos. El próximo 15 de octubre, las universidades volverán a las calles con la quinta Marcha Federal Universitaria para defender la educación pública.
Mientras en Francia las protestas estudiantiles continúan con bloqueos, concentraciones y enfrentamientos con la policía, en la Argentina un grupo de estudiantes universitarios ingresó al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación, para realizar una permanencia pacífica y exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.
Los jóvenes buscaban una respuesta concreta del Gobierno ante una situación que se agrava día a día: salarios deteriorados, becas insuficientes, presupuestos que no alcanzan y universidades públicas obligadas a sostener sus actividades en condiciones cada vez más difíciles.
Durante la protesta, los estudiantes lograron establecer contacto con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, pero no obtuvieron una respuesta satisfactoria. Después de esperar durante horas, la contestación del Gobierno llegó de la peor manera: fueron desalojados por la Policía Federal mediante el uso de la fuerza y gases lacrimógenos, en un operativo que el texto original atribuye a las autoridades del área, encabezadas por Sandra Pettovello y Alejandra Monteoliva.
Sentados en pequeñas rondas, los estudiantes esperaron durante dos horas mientras reclamaban el cumplimiento de la ley. Al ritmo del cántico «La paciencia se terminó, bajá la plata, la puta que te parió», exigieron que las autoridades dejaran de dar vueltas y garantizaran los recursos que necesita la universidad pública.
La escena retrata con crudeza las prioridades de un Gobierno que proclama la libertad, pero parece tener muy poca tolerancia frente a quienes reclaman derechos. Los estudiantes no habían ido al Palacio Pizzurno a pedir privilegios: exigían que se cumpliera una ley aprobada por el Congreso. Sin embargo, en lugar de una respuesta política, recibieron gases y represión.
Una ley que el Gobierno se niega a cumplir
El conflicto no se limita a una protesta estudiantil. Detrás del reclamo está la decisión del Gobierno de resistir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, pese a las exigencias institucionales para que cumpla con las obligaciones correspondientes.
Mientras las universidades advierten sobre el deterioro de sus recursos y la pérdida del poder adquisitivo de docentes y no docentes, la Casa Rosada mantiene una política de ajuste que amenaza el funcionamiento del sistema público de educación superior.
La contradicción es evidente: el Gobierno pretende imponer su voluntad por encima de las instituciones, mientras reclama respeto por las reglas cuando estas favorecen sus propios intereses. La ley, sin embargo, no es optativa. Mucho menos cuando está en juego un derecho fundamental como el acceso a la educación.
Los recursos que necesitan las universidades no son un gasto superfluo ni un privilegio corporativo. Son una inversión en conocimiento, investigación, desarrollo científico y movilidad social. Defenderlos es defender la posibilidad de que miles de jóvenes puedan estudiar, formarse y construir un futuro sin que el origen económico de sus familias determine hasta dónde pueden llegar.
Pero para el modelo libertario, que coloca el ajuste en el centro de su programa económico, la educación pública parece ser otra variable sobre la que descargar el costo de su política. Mientras se recortan partidas esenciales, el país debe discutir también las prioridades de un Gobierno que cuestiona el financiamiento universitario mientras destina recursos a otras áreas, incluidas compras militares que merecen un debate público transparente.
El 15 de octubre, las universidades vuelven a las calles
Frente a este escenario, las universidades nacionales convocaron a la quinta Marcha Federal Universitaria para el jueves 15 de octubre, con una movilización central frente al Congreso de la Nación y manifestaciones en distintas plazas y ciudades del país.
La convocatoria fue acompañada por un nuevo spot difundido en las redes sociales bajo una consigna que interpela a toda la sociedad: «¿Cómo se sigue cuando parece que nada cambia? La universidad pública se defiende».
El video recupera distintos hitos y referentes de la historia argentina, con imágenes de las Abuelas de Plaza de Mayo, la Guerra de Malvinas y figuras populares como Diego Maradona y Lionel Messi. La intención es recordar que hay luchas que trascienden una coyuntura política y forman parte de la identidad colectiva de un pueblo.
«Hay causas que se deben mantener por principios, porque hubo otros, antes que nosotros, que siguieron. Porque habrá otros, después de nosotros, que necesitarán que hayamos seguido. Porque toda conquista alguna vez tuvo un comienzo, pero ninguna empezó con la resignación», expresa la voz en off.
El mensaje concluye con una definición que resume el espíritu de la convocatoria: «La única lucha que se pierde es la que se abandona. Universidad pública, siempre».
Difundido por instituciones como el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas casas de estudio, el material busca reavivar la participación de la comunidad universitaria y de todos los sectores que consideran que la educación pública es una conquista irrenunciable.
La movilización del 15 de octubre tendrá entre sus principales reclamos la aplicación efectiva e inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial urgente para docentes y no docentes, la actualización de las becas estudiantiles y la defensa del sistema científico nacional frente al desfinanciamiento.
La universidad vuelve a ponerse de pie porque entiende que lo que está en discusión no es solamente una partida presupuestaria. Está en juego un modelo de país: uno que considera la educación un derecho y una herramienta de transformación social, frente a otro que pretende someterla a la lógica del ajuste y del mercado.
Cuando no pueden responder con argumentos, mandan a la policía
El Gobierno de Javier Milei debería comprender que los estudiantes no son enemigos, que la universidad pública no es un gasto que se pueda eliminar de un plumazo y que las leyes no se cumplen solamente cuando le conviene al poder de turno.
Si reclamar que se cumpla una ley termina con estudiantes gaseados por la Policía Federal, el problema no está en quienes protestan, sino en un Gobierno que confunde autoridad con autoritarismo. El 15 de octubre, las universidades volverán a las calles para recordarle a Milei que la educación pública no se entrega, que los derechos conquistados no se negocian y que ningún operativo policial podrá reemplazar la respuesta que la Casa Rosada todavía les debe a millones de argentinos.
Porque podrán cerrar las puertas de un ministerio y dispersar una protesta con gases, pero no podrán borrar de la conciencia popular una conquista que generaciones enteras ayudaron a construir. La universidad pública no se rinde. Y un Gobierno que necesita reprimir a los estudiantes para no cumplir la ley ya tiene un problema mucho más grave que una marcha: tiene a toda una sociedad preguntándose de qué lado de la historia quiere estar.