En las últimas horas se conocieron dos nuevos fallos judiciales que frenan el tarifazo en agua y luz. El primero fue en Lomas de Zamora y el segundo en La Plata.
El titular del Juzgado de Familia nº 8, Carlos Dupont, de Lomas de Zamora hizo lugar a un amparo presentado por un usuario contra el aumento de tarifas en boletas de agua y anuló el aumento autorizado por el Gobierno. Si bien beneficia a una persona en particular, sienta precedente para otros casos y para que algún tribunal elimine el tarifazo.
El juez ya giró las actuaciones a la Justicia Federal para que se expida sobre la cuestión de fondo. Si bien la resolución fue dictada en favor de un vecino de la localidad bonaerense de Banfield, podría extenderse a otros usuarios.
Paralelamente, la Justicia Contenciosa Administrativa platense declaró la “nulidad” de la resolución del gobierno provincial que autorizó una suba en las tarifas del servicio eléctrico para los municipios del Gran La Plata y los restantes del interior bonaerense.
El fallo tira atrás la disposición gubernamental de febrero que habilitaba una aumento del 140% en dichas regiones. Nuevamente fue el titular del Juzgado Contencioso Administrativo 1 platense, Luis Arias, quien hizo lugar a una “medida autosatisfactoria” presentada por la asociación civil Colectivo de Acción en la Subalternidad (CIAJ).
Arias señaló que “los usuarios no han tenido participación alguna en el procedimiento de revisión tarifaria, ni han sido informados de las razones o motivos del aumento, motivo por el cual corresponde declarar la nulidad de la Resolución N° 22/16”.
A su vez, el magistrado ordenó al Poder Ejecutivo y al Órgano de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia (OCEBA) “que dentro del plazo de 5 días instruya a las distribuidoras comprendidas en los alcances de la presente sentencia a la refacturación de la tarifa eléctrica”.
La resolución judicial se da en el marco de la decisión tomada el jueves pasado por Cámara Federal platense, que declaró también nulas las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, que dispusieron en todo el país un aumento en la tarifa del gas, fundándolo en la falta de audiencia pública.