Los diputados nacionales del FPV-PJ Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade denunciaron penalmente al jefe de Gabinete, Marcos Peña, por haber firmado la Resolución para la transferencia de la base de datos de la Anses a la secretaría de Comunicación Pública de la Nación Los delitos que le imputan al ministro coordinador son incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, y violación de secretos y de la privacidad. También fueron denunciados el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso; el secretario de Comunicación Pública de la Nación, Jorge Greco; y el subdirector ejecutivo de la Anses, Federico Braun.
La denuncia recayó en el juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 4, a cargo de Ariel Lijo, y será investigada por el fiscal Guillermo Marijuan. “Tenemos todo el derecho a sospechar que el uso de la información por parte del jefe de Gabinete será ilegal, en violación a la ley 25.236 de protección de datos personales”, advirtieron los legisladores, y acusaron a Peña de pretender “utilizar los datos para hacer propaganda política, campañas de desprestigio y operaciones de manipulación de la opinión pública”.
Además, señalaron que aún si la declarada finalidad de “mantener informada a la población” fuera cierta, el área de gestión de Peña no cuenta con los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios para tratar ese enorme banco de datos personales. “O generan un ingreso masivo de miles de nuevos trabajadores a la Secretaría, o contratan distintas consultoras para que realicen la tarea. No parece muy difícil conocer la respuesta: los datos personales de todos los argentinos que ANSES remitirá periódicamente al licenciado Peña y su equipo terminará en las manos de empresas privadas”, aseguraron.
Amparo. Paralelamente los diputados Héctor Recalde, Teresa García y Carolina Gaillard presentaron hoy una acción de amparo colectivo para lograr la nulidad de la transferencia de la base de datos de la Anses a la secretaría de Comunicación Pública de la Nación. Advirtieron que los datos pueden ser usados para que el Gobierno llame por teléfono o mande mails a los ciudadanos desde cualquier de sus órganos.
Hoy la ex mandataria Cristina Fernández había advertido desde su cuenta de Twitter que los legisladores nacionales “deberían mirar con mucha atención el funcionamiento de los organismos de seguridad e inteligencia, cuyo funcionamiento ha sido modificado, y el proyecto de Ley de Reforma Electoral, y muy especialmente la parte de boleta electrónica”.
Asimismo, los diputados solicitaron como medida cautelar la suspensión de su aplicación y, si la información ya ha sido transferida, que se prohíba a Comunicación Pública utilizarla.