Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que suspendió el tarifazo y ordenó realizar audiencias públicas, el presidente Mauricio Macri viene reuniéndose con parte de su gabinete para decidir cuál será la propuesta que llevarán adelante luego de las audiencias.
Macri, que acostumbra a mirar obsesivamente todas las encuestas junto a su jefe de Gabinete Marcos Peña, está preocupado porque la mayoría de
los habitantes del Gran Buenos Aires no pueden pagar los aumentos del 400%, por lo cual ordenó a los técnicos segmentar el aumento por regiones pero especialmente poner la tarifa más baja en el conurbano.
El gobierno nacional sabe que el desempleo, que según datos oficiales del INDEC llegó a un 9,3%, afectó especialmente en el Gran Buenos Aires donde llegó al 11,2% por la difícil situación que están pasando las familias y las Pymes por el tarifazo de luz, gas, agua y el aumento de alimentos.
El gobierno conformó un pequeño grupo de trabajo compuesto por el propio presidente, el jefe de Gabinete Peña, los vicejefes Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, y los ministros Rogelio Frigerio y Alfonso Prat Gay más el presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó.
Por ahora habrá silencio de estampa y esperarán que lleguen las audiencias públicas para luego realizar una nueva oferta a la población. Por ahora la idea central es dividir los aumentos por regiones, especialmente el conurbano y las economías regionales que no logran salir de la crisis que sufren desde hace tiempo.
Más allá que la propuesta la analizarán los técnicos, tanto Macri como Monzó saben que con el grado de descontento que hay en el conurbano contras las políticas económicas del gobierno nacional hace que baje mes a mes la imagen de Macri. “O cambiamos o perdemos por paliza el año que viene en la provincia”, dice un legislador bonaerense que está al tanto de las discusiones en la Casa Rosada.
Desde el peronismo no creen que las tarifas bajarán lo suficiente y recuerdan la encuesta de Analogías donde el 34,3% considera que no debe haber ninguno y el 43,1% sólo aceptaría hasta un 50%, lo que suma que el 77,4% de la población no aceptará pagar ni 100%, ni 200% ni 300% por ciento.