En el marco de la inauguración de un Centro de Operaciones de la Policía en Mar del Plata, y al tiempo que anunciaba la llegada de nuevas fuerzas federales, el intendente Carlos Arroyo declaró: “Queremos lograr que el vecino de Mar del Plata vuelva a ser el vecino feliz de hace 40 años que podía caminar por la calle con tranquilidad”. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) repudia estos dichos que significan una ofensa para las víctimas del terrorismo de Estado, y desconoce la valiosa trayectoria del pueblo argentino en la búsqueda de memoria, verdad y justicia.
Según el registro unificado de víctimas del terrorismo de Estado de la Secretaría de Derechos humanos de la Nación, General Pueyrredón fue el quinto partido en todo el país con mayor cantidad de detenidos-desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. El mismo informe sostiene que, en esos años, funcionaron en el partido 18 centros clandestinos de detención. Estos datos dan cuenta de la magnitud de la persecución y represión que sufrieron los ciudadanos de la zona; represión que fue particularmente feroz contra los trabajadores del puerto, como parte de la política de disciplinamiento de la clase obrera planificada por los gobiernos militares entre 1976 y 1983.
Las declaraciones del intendente Carlos Arroyo sosteniendo que hace 40 años el “vecino de Mar del Plata era un vecino feliz” es una ofensa grave para todos los ciudadanos que sufrieron las muertes y desapariciones de compañeros y compañeras, y también la persecución y el consecuente desarraigo de quienes tuvieron que irse de la ciudad para salvar sus propias vidas.
En el mismo discurso, durante la presentación de un Centro de Operaciones de la Policía, el intendente Arroyo celebró la llegada de nuevas fuerzas federales, aseguró que “Mar del Plata será uno de los distritos con mayor cantidad de fuerzas” y sostuvo el deseo de “terminar con los malvivientes”.
En ese sentido, la CPM también advierte con preocupación que estos discursos punitivistas no sólo rememoran viejas prácticas de la dictadura sino que, al mismo tiempo, representan una definición política que propicia y convalida las intervenciones violentas de las fuerzas de seguridad. Como ha denunciado en reiteradas oportunidades la CPM, la implementación de estas políticas criminales de seguridad -sembrar de efectivos y armas las calles- sólo ha generado más violencia y represión.