La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) repudió la brutal represión ocurrida en el merendero infantil Cartoneritos de Villa Caraza, en el distrito de Lanús, por agentes de la policía local contra niñas, niños y mujeres. Condenó la respuesta dada por el municipio que conduce el intendente Néstor Grindetti, que consistió en un comunicado en el que se negó responsabilidad, y exigió una “inmediata investigación” por parte de las autoridades provinciales.
“La brutal represión sufrida ayer por vecinas y vecinos (entre quienes se encontraban niñas y niños) de Villa Carraza, en Lanús, de parte de agentes de la policía local, se inscribe en una larga serie de episodios de represión en los barrios más vulnerables de la provincia de Buenos Aires, que en los últimos meses se ha profundizado de manera alarmante”, sostuvo la Comisión por la Memoria al repudiar tanto el accionar de las fuerzas policiales como las “decisiones políticas” que las convalidan.
“El episodio vuelve a poner en cuestión los mecanismos y procedimientos de las fuerzas de seguridad para su actuación territorial, que evidencian una completa arbitrariedad y demuestran un total desprecio por la integridad y la vida de las personas”, sostuvo la comisión.
Además cargó contra el intendente de Lanús por su respuesta frente a tamaña represión. “Preocupa que la única respuesta del gobierno sea el comunicado oficial del municipio de Lanús en el que se niegan los hechos denunciados por las vecinas y los vecinos, y que intenta legitimar el accionar de la policía dando crédito a un supuesto operativo policial que ni siquiera contaba con orden judicial”, dijo y consideró que “fue la peor respuesta política para lo ocurrido, pues si la política ampara la violencia la democracia se debilita”.
La CPM exigió a las autoridades municipales de Lanús que” escuchen a los vecinos y habiliten una profunda investigación, independiente de la policía local”, para establecer cómo se produjeron los episodios de violencia y así actuar en consecuencia castigando a los responsables. “Hacerlo sería simplemente cumplir con sus deberes como funcionarios públicos”, apuntó.
También solicitó la “inmediata” intervención del gobierno de María Eugenia Vidal para “apuntalar este proceso de esclarecimiento”.
Por último, la Comisión manifestó públicamente su completo apoyo y solidaridad con las víctimas, las vecinas y los vecinos de Villa Caraza y los referentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) “quienes trabajan comprometidamente en el barrio dando una dura lucha contra las situaciones de extrema vulnerabilidad que padecen cotidianamente”.