Según consigna el diario La Nación, el senador del FpV, hoy aliado al presidente Mauricio Macri, junto al senador Rodolfo Urtubey y con el apoyo de los ministros de Justicia y de Seguridad, Germán Garavano y Patricia Bullrich presentarán un proyecto de ley para para frenar el accionar de los grupos de manifestantes o piqueteros que no obedezcan a las fuerzas de seguridad.
La propuesta promueve una dura modificación del Código Penal para elevar las penas de los que agredan o desobedezcan a integrantes de las fuerzas de seguridad. El agravante que aumentará las penas será la agresión o la rebeldía con la cara cubierta. Desde el gobierno quieren bajarle el tono represivo y violento del proyecto al afirmar que “la idea que al haber cárcel los manifestantes serán disuadidos de enfrentarse a las fuerzas de seguridad”.
Con este proyecto se intenta dejar sin alternativas a los jueces que deciden liberar a los manifestantes detenidos por la policía. Si esta ley se aprobara, los jóvenes estudiantes detenidos dentro de un predio de la Universidad por las fuerzas policías de Jujuy, hoy estarán presos.
El proyecto que ya circula entre los senadores prevé una pena de tres a seis años de prisión al que agreda a un funcionario público y a las fuerzas de seguridad que le presten asistencia. La pena será de cuatro a ocho años de prisión si la agresión se diera en el contexto de un piquete o se usaran armas, palos, proyectiles o material explosivo. Esta última y más elevada pena de prisión se aplicará para los que usen contra las fuerzas de seguridad algún vehículo.
El proyecto también prevé penas de seis meses a un año de prisión para el que desobedezca una orden de cumplimiento inmediato emanada de un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones. Esto es: para desalojar un piquete o cualquier obstrucción de la vía pública. La pena se elevará de uno a tres años de prisión si, además, empleara la fuerza o la intimidación para resistir la orden. La pena aumentará de dos a cuatro años de prisión si los culpables ocultaran su rostro o si tocaran con sus manos a las autoridades. Por autoridades se entiende a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad.
Los argumentos de Cambiemos es que en estos 12 años la orden del Estado fue no reprimir el derecho a protesta y la defensa del derecho a reclamar, especialmente en cuestiones sociales. La idea de Néstor y Cristina es que no podía haber muertos por represión del Estado. Macri piensa diferente.