El menos de 24 horas, siete represores se apuraron a pedir ser contemplados en el beneficio del 2×1 resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Muiña, que disminuiría sus condenas o los dejaría en libertad, pero hasta ahora ninguno fue aceptado. Hay 278 condenados en condición de reclamar su libertad.
Los represores que pidieron la libertad en los tribunales porteños son Juan Antonio Azic, represor de la ESMA y apropiador de la diputada Victoria Donda y Jorge Magnacco, partero del centro clandestino de la Armada. También lo hicieron Héctor Girbone, condenado por el robo y ocultamiento de identidad del hijo del desaparecido Pablo Javier Gaona Miranda, y Víctor Gallo, ex capitán del Ejército y apropiador de Francisco Madariaga. Mientras que en el interior del país lo hicieron el represor Carlos Trucco, en Tucumán; Alejandro Lazo, en San Juan, y Norberto Mercado, en Mendoza. Los dos pedidos rechazados son los de Girbone y Mercado.
Con una rapidez infrecuente, los tribunales le dijeron que no a tres represores. El Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) rechazó el pedido de reducción de pena de Girbone, en un fallo que incluso desafía los argumentos de los supremos; el mismo tribunal con otros jueces le negó la excarcelación a Magnacco, pero no se pronunció por la disminución de la pena porque si bien está condenado por robo de niños ahora está en juicio por los crímenes en la ESMA y no es posible hacer un cálculo sin la nueva sentencia.
En Mendoza el Tribunal Oral Federal 2 desestimó el 2×1 pedido por el ex policía Norberto Mercado Laconi, quien está en juicio en la actualidad por crímenes en centros clandestinos de San Rafael. Antes, se había presentado el apropiador de Francisco Madariaga, el ex capitán del Ejército Víctor Gallo, aún en trámite.
En los distintos casos, los fiscales plantearon la inconstitucionalidad de la ley que estableció que a partir de los dos años de prisión preventiva, cada día de detención sin condena se computa doble.
El fallo de la Corte Suprema, que redujo la pena al represor Luis Muiña, acusado de crímenes de lesa humanidad en el Hospital Posadas, desató cierto estado de ansiedad entre los abogados de los represores, algunos de los cuales salieron corriendo a pedir el beneficio.