La Comisión de Libertad de Expresión que preside la senadora por el FPV PJ, Mónica Macha, se reunió ayer para analizar el proyecto de ley que regula la publicidad oficial en la Provincia. En este marco representantes de la sociedad civil expresaron su respaldo y conformidad con la iniciativa.
“Una ley que regule la publicidad oficial es una deuda histórica del Estado provincial con la sociedad y el derecho a la comunicación”, sostuvo la senadora Macha y explicó que “el proyecto de ley que presentamos propone mejorar la calidad institucional y profundizar la transparencia de nuestra democracia”.
“Buscamos limitar la discrecionalidad con la que pueda llegar a manejarse la publicidad oficial que dañe tanto el acceso a la información pública como la libertad de expresión”, detalló Macha.
En la reunión de la Comisión de Libertad de Expresión se analizó el articulado del proyecto y se recogieron sugerencias y modificaciones que serán incorporadas al texto final que elevará la comisión para su posterior tratamiento.
Torcuato Sozio, Director Ejecutivo de ADC (Asociación por los derechos civiles), explicó que “la publicidad tiene que ser un elemento destinada a que el ciudadano se informe sobre las medidas de gobierno. No se trata solo de cómo se distribuye los dineros públicos entre los distintos medios, sino qué se pretende informar en ese medio para que el ciudadano conozca” y destacó “la posición unánime respecto de la ventaja que significa adoptar esta la iniciativa y del contenido de este proyecto”.
Fernando Bracaccini, Coordinador del Programa de Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas de ACIJ (Asociación por la Igualdad y la Justicia) señaló que la ley apunta a limitar “el excesivo gasto en publicidad oficial de los gobiernos provinciales y nacional que deriva en que no se prioricen otras áreas clave, como el gasto social”. También advirtió que la “existe una práctica generalizada de utilización de tipo partidista de la publicidad oficial que en lugar de buscar comunicar programas y políticas de gobierno, termina promocionando la imagen de funcionarios públicos y de candidatos, lo que puede significar actos de corrupción pero que casi siempre distorsiona el debate público democrático”.
En el mismo sentido, Germán Emanuelle, Director de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Poder Ciudadano calificó como “muy positivo a toda regulación que tienda a transparentar la gestión del Estado y en el caso de la publicidad oficial estructurar qué significa y para qué se utiliza”.