El ministro de Finanzas de la Nación, Luis Caputo, fue denunciado esta semana por presuntas irregularidades en operaciones del mercado de capitales que tuvieron lugar el año pasado, por las que el fiscal general De Vedia estima que se pagaron unos $ 10 millones en forma “innecesaria” a la sociedad inversora que el funcionario presidió hasta pocos días antes de asumir como secretario de Finanzas en diciembre de 2015.
“Se trata de una denuncia preliminar que surgió de información aportada por un anónimo, no sabemos quién nos dejó los datos pero nuestra función es investigar”, explicó De Vedia, de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (Ufises) al diario Perfil. Además, señala que “apunta a operaciones realizadas en abril de 2016 por parte del Estado, por las que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que administra la Anses dejó de suscribir Lebacs en forma directa para hacerlo a través de un fondo común de inversión de Axis por un monto total de $ 500 millones, de los que estimamos se pagaron $ 10 millones en comisiones”.
“Hay que ser implacables con esto, no podemos obviar la importancia del manejo de estos recursos de la seguridad social, que es la herramienta que tiene un Estado para redistribuir ingresos, desde la justicia social y con una visión inclusiva”. Así se refirió ayer el fiscal general Gabriel de Vedia a la denuncia que elevó a Tribunales, el último jueves, contra el actual ministro de Finanzas, Luis Caputo, por operaciones con fondos previsionales que beneficiaron a una empresa que el funcionario creó y dirigió hasta doce días antes de jurar como funcionario del actual gobierno.
El jefe de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social denunció que, a partir de abril de 2016, el Fondo de Garantía de sustentabilidad de Anses cambió la modalidad de suscripción de las Lebacs adquiridas al Banco Central. Hasta entonces, lo hacía en forma directa con la autoridad monetaria, sin intermediarios ni pagos de honorarios ni comisiones. Pero en esa fecha, el Comité Ejecutivo del FGS, con la firma de Luis Caputo y por unanimidad, decidió contratar a la sociedad inversora Axis como intermediaria para dicha operación y al Deutsche Bank como custodio de los títulos. Axis fue creada por el propio Caputo en 2012, que además la presidió hasta el 4 de diciembre de 2015, es decir hasta doce días antes de jurar como secretario de Finanzas del actual gobierno. Caputo era, hasta entonces al menos, accionista principal de la misma.
“Las actas 133 y 134 del Comité Ejecutivo del FGS, que están disponibles para quien quiera consultarlas, muestran que Luis Caputo fue uno de los que votó por la contratación de la sociedad Axis, es decir que votó para contratar a una empresa en la que está directamente involucrado. Esto es lo que no es admisible en la actitud del funcionario, en lo que hay que ser implacable. El funcionario debió haberse excusado”, expresó De Vedia en la entrevista que ayer concedió a FM La Patriada, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. “En resumidas cuentas, lo que firmó Luis Caputo, ya siendo parte del Gobierno, es una operación que favorece económicamente a la empresa que él presidía hasta días antes de asumir como Funcionario Público. Es decir, Caputo se pagaba comisiones a sí mismo”, agregó el fiscal.
La presentación judicial de la Unidad Fiscal de la Seguridad Social denuncia a Caputo y a los demás integrantes del Comité Ejecutivo del FGS “por tres figuras del código penal, incompatibilidad del funcionario (Caputo) entre sus actividades privadas y su función pública, y en todos los casos incumplimiento de los deberes del funcionario público y administración infiel”, puntualizó De Vedia.
“Yo entiendo que se debe buscar el rendimiento de los fondos previsionales, la ley autoriza este tipo de inversiones en el mercado bursátil o en títulos públicos, como las Lebac. Lo que no está autorizado es este cambio de modalidad, no se puede favorecer a una empresa determinada y menos todavía a una que se encuentre vinculada al Ministro encargado de autorizar la transacción”, enfatizó De Vedia. “Además de la rentabilidad, se debe garantizar la transparencia”, agregó.
La causa presentada por la Unidad Fiscal de Seguridad Social recayó en el Juzgado Federal 9, a cargo de Luis Rodríguez. Este magistrado asumió al frente del mismo en octubre de 2012. En su juzgado tramita una causa contra el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por la licitación de un tren de alta velocidad y una investigación contra el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, por negociaciones incompatibles con la función pública. Además, procesó a la ex procuradora del Tesoro Angelina Abonna en una causa por administración fraudulenta de Aerolíneas Argentinas. También tiene a su cargo el expediente que investiga posibles irregularidades en la mina de Río Turbio, que tiene entre los imputados al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.