El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) elevó ayer un durísimo informe al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU sobre la actuación del gobierno nacional en el caso de Santiago Maldonado en el que precisó que el Gobierno primero negó la participación de Gendarmería, luego instaló “hipótesis falsas que desviaron la investigación”, además de “estigmatizar a la comunidad mapuche”.
“El Comité de Desaparición Forzada la ONU fue claro en sus indicaciones cuando dictó la acción urgente, sin embargo el Estado argentino no ha orientado adecuadamente su tiempo y recursos para contribuir genuinamente a su aparición con vida”, sostuvo el CELS. En este sentido, amplió: “Desatendiendo la importancia crítica que tienen los primeros momentos de una desaparición, en los 35 días posteriores a que Santiago desapareciera en el contexto del operativo de la Gendarmería, el actuar del Poder Ejecutivo estuvo principalmente abocado a negar toda participación de esa fuerza federal, a instalar hipótesis falsas que desviaron la investigación, a maltratar a la familia de Santiago y a estigmatizar y desacreditar a la Comunidad mapuche Pu Lof.
Tras realizar consideraciones “sobre el muy preocupante desarrollo de las investigaciones judiciales en relación con la desaparición de Maldonado”, el CELS concluyó que hubo una “falta de efectiva preservación y aporte oportuno de la prueba, además de la presentación de evidencia parcial e incompleta”.
Para el organismo, “es claro que el Estado argentino no ha acatado los términos de la acción urgente”, por lo cual consideró que es imprescindible que el Comité contra la Desaparición Forzada los reitere y, en concreto, requiera la adopción inmediata de las medidas esenciales que deben tomarse ante la desaparición de una persona, en particular cuando aquello sucede, como en este caso, en el contexto de un operativo de fuerzas de seguridad.
El CELS enfatizó que “es fundamental que todos los esfuerzos se orienten a la aparición con vida de Santiago Maldonado”, y para eso “el Estado argentino debe por fin encauzar una ‘estrategia integral y exhaustiva para su búsqueda y localización’, tal como le fuera oportunamente requerido por esta instancia internacional”.
El organismo fue lapidario al afirmar que “el gobierno nacional que asumió en diciembre de 2015 se sumó a la criminalización de los mapuches e intensificó los mensajes tendientes a presentarlos como una amenaza al Estado”. De hecho, en un documento de circulación interna del Ministerio de Seguridad de la Nación, titulado “Resultados de gestión” y fechado el 30 de agosto de 2016, se afirma que grupos mapuches “están protagonizando hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños, amenazas”; que “se arman comunidades y se toman tierras en zonas petroleras o gasíferas impidiendo constantemente la normal explotación de los pozos”, actividades que “afectan un servicio estratégico de los recursos del Estado”.