El gobierno nacional decidió recortar más de 1500 millones de pesos del saneamiento al Riachuelo en el Presupuesto 2018 pese al fallo de la Corte Suprema de Justicia que, en diciembre pasado, ordenó a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) que intensificara el cumplimiento de la sentencia.
El ministerio de Ambiente que conduce el rabino Sergio Bergman es el que aporta el mayor presupuesto al Riachuelo. Sus obligaciones van desde obras de infraestructura hasta planes sanitarios. En 2017 destinó al Riachuelo tres programas, que sumaron $ 2.590.409.250. En cambio, para el ejercicio 2018 le quitaron dos programas. Apenas figura “Desarrollo sustentable de la Cuenca Matanza–Riachuelo”, que contará con 1.918.896.295 pesos: $ 671 millones menos para el Riachuelo.
Con esos fondos, Ambiente debe llevar a cabo “obras de infraestructura, minimización de las descargas industriales, la prevención de los daños con suficiente y razonable grado de predicción, saneamiento de basurales, plan sanitario de emergencia”, entre otros objetivos.
El otro que destina recursos es el Ministerio del Interior y Vivienda, que dirige Rogelio Frigerio, que también recortará su aporte a la causa del Riachuelo. En 2017, el programa “Hábitat Nación” destinó $ 305,6 millones para “acciones para el desarrollo habitacional y de infraestructura en la Cuenca”, y en otro programa, “Acciones para el Desarrollo Habitacional y de Infraestructura en la Cuenca Matanza-Riachuelo”, utiliza $ 1321,3 millones. La cartera invierte este año en el Riachuelo un total de $ 1.734.200.000. En el presupuesto 2018, esa cifra baja a 888,5 millones.
A esto se suma la Acumar que viene de lanzar una medida que va en contra del mejoramiento de los desechos industriales. Durante sus cuatro meses de gestión al frente de ese organismo, la hoy candidata a senadora Gladys González aprobó la resolución 46/2017, que regula los límites admisibles de vertido de efluentes líquidos de las empresas, y permitió nueve contaminantes que estaban prohibidos hace años, especialmente agrotóxicos. Figuran sustancias como DDT, Endosulfán y Heptacloro. Lo justificó en que pueden ser diluidas con agua.
“Pero eso no es compatible con la realidad del Riachuelo, que es prácticamente un estanque; por más que diluyas en agua va a generar impacto. A pesar de la exigencia de la Corte, en lugar de mejorar, la normativa empeoró. No visualizamos una voluntad de control de industrias”, dijo a Tiempo Argentino Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). “En términos de gestión, ha sido otro año de retroceso”, agrega.
En julio se cumplieron nueve años del fallo “Beatriz Mendoza” de la Corte Suprema, una habitante de Villa Inflamable, en Dock Sud, cuya salud estaba en peligro si continuaba el río en las mismas condiciones de contaminación. Pasó el tiempo y sigue igual. En el marco del 9º aniversario, se publicó un informe crítico a cargo de las organizaciones especializadas que integran el Cuerpo Colegiado, como FARN, CELS, Greenpeace y la Asociación Vecinos La Boca (AVLB), cuyo presidente, Alfredo Alberti, remarca: “Estamos muy disconformes. El control a las industrias es cada vez más laxo. De 1500 que contaminan, 500 dicen que se reconvirtieron. Y es mentira. Dan resultados positivos porque los parámetros son muy permisivos”. Y denuncia la “ocupación ilegal del espacio público por parte de empresas, como Silos Areneros en la avenida Pedro de Mendoza, con la complacencia de las autoridades”.