La gobernadora María Eugenia Vidal ya instruyó a los legisladores de Cambiemos para que, apenas ocurra el recambio legislativo, aprueben la nueva ley de obra pública que duerme en la Legislatura desde mayo de 2016.
El último miércoles, el ministro de Infraestructura de la provincia, Roberto Gigante, fue a la Legislatura provincial a defender el Presupuesto 2018 que eleva un 22% los fondos destinados a esa cartera pasando de los $13,3 millones de 2017 a los $16,9 millones con los que contará en 2018. El fuerte del presupuesto 2018 está nuevamente en la inversión en obra pública.
El ministro mantuvo un encuentro con todos los integrantes de las comisiones de Obra Pública y Presupuesto de ambas Cámaras y el presidente de Diputados, Manuel Mosca, y el titular del Senado, Daniel Salvador. Allí, Gigante respaldó el proyecto de ley de obras públicas elaborado por el diputado provincial y vicepresidente del bloque Cambiemos, César Torres.
Como presidente de la comisión de Obras Públicas, Torres fue el encargado de darle forma al proyecto con el que gobierno de Vidal espera mantener el ritmo del plan de infraestructura el año próximo. Según explicó el diputado provincial con la vieja ley 6.021 sancionada el 19 de febrero de 1959 “entre que se inicia el trámite para una obra y se coloca el primer ladrillo se demora un lapso de entre 10 y 12 meses. Por eso proponemos un proyecto responsable, inclusivo, y, sobre todo, ágil”.
Para el gobierno provincial la norma en debate es sustancial porque entre sus principales aspectos propone acortar los plazos de licitación, adjudicación e inicio de obras. Además posibilita la mayor participación de empresas porque contempla que el contratante pueda tomar un crédito externo para realizar la obra. Por otra parte, establece un margen de preferencia de un 5% en la comparación de las ofertas a favor de licitantes que sean pequeñas y medianas empresas.