La lista negra del Gobierno: echarán a 1.500 empleados de la Procuración tras la renuncia de Gils Carbó

Para el Gobierno, el objetivo es muy claro: terminar con cualquier vestigio de la gestión de Alejandra Gils Carbó al frente del Ministerio Público Fiscal. Por eso mismo, se elaboró una especie de lista negra en la que figuran alrededor de 1.500 nombramientos durante su gestión, de los cuales, según el oficialismo, habría más de mil realizados de forma irregular.

Está claro que, por ahora, la renuncia de la Procuradora sólo representa la puesta en marcha de lo que será una profunda depuración en ese organismo, que apuntará a garantizar una supuesta independencia partidaria.

Por ese motivo, la administración macrista acordó con la oposición que la reforma del Ministerio Público Fiscal que se debate en el Senado incluyera una cláusula que permita analizar las designaciones hechas por la Procuradora desde que asumió en 2012.

La cifra surge de un informe que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, le encargó a los especialistas judiciales del Gobierno, antes de consensuar el proyecto de ley en el Congreso. Y, claro, el argumento principal que se esgrime en los despachos oficiales es que en los últimos cinco años, el organismo incrementó su dotación de personal “sin justificación y con un amplio objetivo político”.

El encargado de hacer la depuración será Eduardo Casal, un funcionario con una larga trayectoria en el organismo y que desde 1992 se desempeña como procurador fiscal ante la Corte Suprema. Casal liderará el período de transición que habrá entre la salida de Gils Carbó y la asunción del nuevo procurador que proponga el gobierno y convalide el Senado.

El proyecto oficial cuenta con el aval de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación que lidera Julio Piumato, un férreo crítico de Gils Carbó. Cerca suyo dicen que avalarán los despidos de “los paracaidistas que hayan entrado por el techo, sin antecedentes ni capacidad” y coinciden en que “son más de mil los cargos políticos”.