En el Gobierno ya pusieron la mira sobre el gasto que generan las llamadas ‘jubilaciones de privilegio’, y hacia ahí se apuntará, con el objetivo de ahorrar alrededor de $ 79.000 millones. Sin embargo, lo más llamativo es que se coloca en ese mismo rubro a los docentes.
Con la idea de avanzar sobre las “inequidades” del sistema, el Ejecutivo incluyó un artículo en el pacto fiscal firmado días atrás con los gobernadores, y que también se tratará esta semana en el Senado. En los despachos oficiales afirman que un cambio de este tipo permitiría no sólo sanear el sistema previsional, sino convertirlo en superavitario, y que los recursos alcancen hasta 2030, sin que sea necesario recurrir a la baja de la edad jubilatoria.
De acuerdo a los estudios que se hicieron, las jubilaciones que se crearon por leyes o por decretos especiales hoy benefician a 374.296 personas. Esos regímenes especiales permiten que los trabajadores se jubilen sin esperar a los 60 años en el caso de las mujeres, y 65 en el de los hombres, o tener 30 años de aporte.
De ahí que en el corto plazo se intentarán cambiar los regímenes de diplomáticos, judiciales y de los trabajadores de Luz y Fuerza, ya sea a través de la inclusión de mayores aportes, o bien elevándoles la edad jubilatoria. Y el paso siguiente será una pelea nada sencilla: los docentes.
Tanto para jubilados del Poder Judicial (que cobran en promedio $ 97.089 por mes), como diplomáticos ($153.057), en el Gobierno apuntarán a elevar el nivel de aportes: los trabajadores de esos sectores deberán resignar un mayor porcentaje de su sueldo mensual para costear sus futuras jubilaciones.
En cuanto al sector docente, a cuyos jubilados curiosamente el Gobierno ubica como “privilegiados”, al Estado le representa un desembolso de alrededor de $ 23.923 millones al año, a pesar de que la relación es más equilibrada que en otras áreas: por cada 3 aportantes, hay un jubilado.