Para tomar distancia de la línea seguida por el kirchnerismo durante 12 años, el Gobierno pondrá en marcha hoy lo que será un giro en la política de derechos humanos, que apuntará a “ampliar” la agenda de esa área y, en definitiva, diferenciarse de la histórica bandera de Memoria, Verdad y Justicia.
Para el secretario de DDHH, Claudio Avruj, que presentará el nuevo programa junto al presidente Mauricio Macri, “el 90 % de los temas estaban abocados exclusivamente a esas cuestiones, que desde ya que son importantes, mientras no estén mal utilizados”.
El Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos consiste en 243 ambiciosas propuestas a cumplir entre 2017 y 2020, haciendo base en cinco ejes temáticos que incluyen la continuidad de los juicios a los acusados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, y agrega cuestiones como la seguridad pública, la inclusión y la no discriminación, el acceso universal a la salud y la educación y la cultura cívica.
Sin embargo, varios de los puntos que se anunciarán hoy en un acto en el Museo de la Casa Rosada, evidencian que, más allá de que los enunciados resultan incuestionables, lo que no deja de llamar la atención es que la administración macrista hizo lo contrario.
Por ejemplo, se apunta a “culminar los relevamientos territoriales para determinar la ocupación actual, tradicional y pública de las comunidades indígenas”, y surgen los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel; “implementar el Cuerpo de Abogados/as contra la Violencia de Género”, y al respecto se suman denuncias contra el gobierno por la reducción de fondos para esa área.
Otro punto será “fortalecer a los/as trabajadores/as y las unidades productivas de la economía popular desde un abordaje integral que redunde en mayores resultados socioeconómicos”, y en este caso también, diversas organizaciones sociales, denuncian la situación opuesta. O “instrumentar dispositivos, eficaces y eficientes, de acompañamiento y asistencia a los testigos en todo el territorio nacional, en el marco de los juicios contra el terrorismo de Estado”, mientras que una de las primeras medidas del gobierno de Cambiemos fue recortar el equipo del ‘Centro de Asistencia Fernando Ulloa’, como así también de otras dependencias estatales que coordinaban políticas públicas de memoria.
“Hay mucho prejuicio en relación con nosotros desde que empezó el Gobierno”, reconocen desde la Secretaría de Derechos Humanos, por lo que la idea tampoco es buscar un enfrentamiento con el kirchnerismo y sectores de izquierda, y de ahí que habrá una defensa de lo actuado en esta materia durante el período 2003 / 2015.
Por su parte, los organismos de DDHH ya dijeron que darán su opinión sobre el plan una vez que conozcan su contenido. De hecho, no participaron de su redacción. Algunos enviarán al acto en la Casa Rosada a integrantes de sus segundas líneas para escuchar la propuesta, mientras que otros directamente adelantaron que no estarán presentes.