Por Alfredo Silletta. Durante décadas en América Latina, los gobiernos populares fueron derrocados por un golpe de estado cívico-militar. Sucedió con Hipólito Yrigoyen en 1930, con Juan Perón en 1955 y 1976; Jorge Gaitán en 1948 en Colombia; Caída de Paz Estenssoro y el MNR en la década del ’50 en Bolivia, golpe contra el general Torres en 1971 y su posterior asesinato en 1976 en Argentina; el derrocamiento de Salvador Allende en 1973 en Chile y tanto más, todos con la intervención de las fuerzas armadas y los sectores del establishment económico.
Luego de los brutales y sanguinarios golpes de estado de la década del 70, especialmente con los 30 mil desaparecidos, el mundo occidental propicio la vuelta de democracias en la América Latina, débiles y dependientes de organismo internacionales como el FMI, que siguieron produciendo pobreza en la mayoría de la población.
Con la llegada de gobiernos populares como el de Hugo Chávez en Venezuela, Lula da Silva en Brasil, Néstor y Cristina Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Pepe Mujica en Uruguay, Evo Morales en Bolivia y Fernando Lugo en Paraguay, la región comenzó a independizarse del poder central norteamericano. El presidente Bush no pudo imponer el ALCA en América Latina en la cumbre de Mar del Plata y América Latina, especialmente Brasil se sumó a los BRICS junto a Rusia, India, China y Sudáfrica buscando independizarse de poder de Wall Street.
Ante la imposibilidad de realizar golpes de estados tradicionales con las fuerzas armadas, desde los sectores de poder comenzaron a trabajar con una nueva arma, un nuevo concepto llamado “lawfare”, que se puede traducir como “guerra legal” o “jurídica”, donde el poder judicial junto a los grandes medios de comunicación atacan a los gobierno populares y a sus dirigentes con la bandera de la “corrupción” para desgastarlos en la población, que pierdan las elecciones o crear el clima para destituirlos como sucedió con Dilma Rousseff en Brasil.
En la Argentina, los medios hegemónicos realizaron una campaña feroz de degaste de la figura presidencial y la Corte Suprema de Justicia frenó el proyecto para democratizar la justicia en 2013, que implicaba que los miembros del Consejo dela Magistratura deberían ser elegidos por el voto popular.
A partir del triunfo de Mauricio Macri, por dos escasos puntos en el balotage, el gobierno realizó una alianza firme con los medios hegemónicos y el Partido Judicial que implicó una persecución brutal contra la ex presidenta, los funcionarios de su gobierno y contra el candidato del FpV, Daniel Scioli.
Esa campaña brutal se acrecentó con la llamada “doctrina Irurzun” que le permite a los jueces detener a cualquier persona sin las mínimas garantías constitucionales.
En el último encuentro de Cristina Kirchner y Dilma Rousseff, la ex presidenta dio a conocer un video que muestra cómo funciona este concepto llamado “lawfare” para eliminar gobiernos y dirigentes populaes. En el caso de Argentina, hay que señalar que el ajuste que lleva adelante el gobierno de Cambiemos, ya no alcanza con los “golpes jurídicos”, por lo cual en los ultimos días, a partir del ajuste a los jubilados y posterior reforma laboral, llevó a la gente a la calle con la represión salvaje de las fuerzas de seguridad. Ya las fuerzas de seguridad demostraron su accionar con la muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel.
Se vienen tiempos oscuros porque el gobierno esta decidio a producir ajustes en los trabajadores y en los sectores mas vulnerables de la sociedad.
Mira el video que recomendó Cristina