Un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) reveló que la reforma previsional aprobada el lunes pasado, en medio de una represión feroz, afectará a 4.124.958 de niños, niñas y adolescentes que reciben asignaciones familiares y a otros 3.941.893 que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). En total se trata de unos 8 millones de pibes que integran los grupos familiares con menores ingresos, el 61% de nuestra sociedad.
La norma aprobada modifica la fórmula que actualiza ambas asignaciones, dos de los tres canales por los que el Estado transfiere recursos a las familias con niños, niñas o adolescentes (NNA). El tercer canal son las transferencias (tácitas) que se realizan a partir de la deducción por hijo que se puede realizar al impuesto a las Ganancias.
Aún con la implementación del bono compensatorio que impulsó el Gobierno, la diferencia acumulada para 2018 en la evolución de la prestación de la AUH sería de $ 391,1 menos, según los cálculos realizados por Infancia en Deuda, ONG que aglutina a diversas organizaciones que abordan las problemáticas vinculadas a la infancia, y de la que es parte CIPPEC.
En tanto, para las prestaciones de asignaciones familiares, la diferencia negativa para los doce meses de 2018 alcanza los $791,13 para ingresos de hasta $21.921; $532,1 para ingresos de hasta $32.152; $320,42 para ingresos de hasta $37.120 y $168,66 para ingresos de hasta $73.608.
Desde CIPPEC advirtieron que la reforma previsional “constituye una violación a la normativa internacional vigente en materia de derechos económicos de la infancia” que, al igual que la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, señala que los Estados deben garantizar “el máximo de los recursos disponibles” para garantizar los derechos de este sector.
“Preocupa especialmente que, del amplio abanico de los gastos estatales o medidas de reforma tributaria en debate, se haya priorizado una reforma que recorta los fondos que permiten garantizar los derechos de la infancia, personas con discapacidad, y personas mayores”, aclara el informe de la ONG Infancia en Deuda, y reclama que “entre en funciones de manera urgente” la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.