La Suprema Corte de Justicia bonaerense firmó el miércoles una acordada por la que alrededor de 14.000 jueces, fiscales, funcionarios judiciales y del Ministerio Público Fiscal deberán dar a conocer su patrimonio. Se sumarán así a los 25 mil funcionarios de María Eugenia Vidal que están obligados por ley a hacerlo.
El acuerdo firmado – bajo el N° 3880- firmado el miércoles por los jueces supremos Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani, Héctor Negri, Eduardo de Lazzari, Daniel Soria y Luis Genoud y el procurador general Julio Conte Grand cambió las reglas de juego para ese sector siempre reticente a levantar el perfil.
Hasta ahora, los magistrados provinciales sólo estaban obligados a presentar sus declaraciones juradas al ingresar al cargo y a renovarlas cada cinco años o cuando modifican su patrimonio. Pero, igual que ocurría con el gobernador y sus funcionarios, no se preveía un mecanismo de acceso público, salvo que el interesado en la información denunciara penalmente al juez en cuestión.
Ahora deberán renovar sus declaraciones juradas antes del 31 de agosto de cada año, cada vez que modifiquen su patrimonio y cuando abandonen el cargo. Tal como ocurre con los funcionarios de la Gobernación, policías y guardiacárceles, una parte de la DDJJ será privada: es la que contienen los datos precisos de los bienes y las deudas de los magistrados y cónyuges, que se preservan por motivos de seguridad. Otra versión sintética, con el valor de cada uno de esos bienes, será accesible en la web.
No obstante, aún no está claro cuándo se podrá acceder a esa información ya que el acuerdo establece que el régimen de publicidad del patrimonio de los jueces entrará en vigencia cuando se termine de desarrollar el sistema informático para recibir y almacenar las declaraciones juradas. Y no hay plazos para que eso ocurra ni sanciones para los jueces que incumplan el Acuerdo.