El presidente Mauricio Macri insistirá este año con un tema que lo obsesiona y que no logró sortear en 2016 en el Congreso Nacional: la reforma electoral que implicará la implementación del voto electrónico y un cambio en el financiamiento de los partidos políticos. El objetivo es que el nuevo sistema pueda aplicarse en las elecciones presidenciales de 2019.
En 2016 Cambiemos presentó un proyecto de reforma integral que logró, con muchísimas modificaciones, el aval de la Cámara de Diputados pero que, tras las duras críticas a ese texto por parte de especialistas informáticos, funcionarios, legisladores y académicos, quedó cajoneado en el Senado. Solo avanzó, de manera separada y por empuje de la oposición, la paridad de género, que se convirtió en ley en una de las últimas sesiones del año.
Tras octubre, el propio Mauricio Macri ratificó que volverán a insistir con el proyecto de voto electrónico para que comience a aplicarse en 2019. Pero deberá negociar con la mayoría opositora del peronismo que tiene distintas posturas.
El kirchnerismo rechaza la iniciativa de plano, mientras que un grupo más numeroso de peronistas reconoce la necesidad de terminar con el sistema vigente, aunque hay quienes aceptan la impresión de boletas con pantalla táctil pero rechazan el chip, y quienes quieren la boleta única de papel, como se usa en Santa Fe o Córdoba. En tanto, los diputados y senadores salteños que responden al gobernador Juan Manuel Urtubey apoyan sin reparos el uso de la boleta única electrónica.
Además, modificar la forma de financiamiento de la política marcaría un cambio total de paradigma en el control de los aportes públicos y privados con una “bancarización total” de los partidos. El objetivo es evitar “el financiamiento proveniente de ilícitos como la corrupción y el narcotráfico”. La discusión se puso en la mesa este año, pero la campaña electoral la pateó para el que viene. También se buscará sancionar una nueva ley de Ética Pública.
Otros debates
Una reforma que se anunció durante todo 2017 y finalmente quedó pendiente para el próximo es la judicial. Macri quiere un nuevo Código Penal, una renovada ley del Ministerio Público Fiscal y una reforma del Consejo de la Magistratura son las aristas más trascendentes, en el marco del plan denominado Justicia 2020.
El proyecto del Código Penal, corazón de la reforma judicial, lo presentará el Presidente recién en marzo, cuando se inauguren las sesiones legislativas. Tendría como objetivo endurecer las penas por causas de corrupción y narcotráfico.
Otro proyecto al que solo le restan detalles es el de ley Penal Juvenil, que propone una baja en la edad de imputabilidad a los 14 y 15 años para los casos de delitos gravísimos. Hay debates internos en todas las fuerzas políticas porque los estándares internacionales fijan un piso de 16 años.
La Casa Rosada también quiere impulsar una nueva ley de Financiamiento Educativo. A partir de los resultados de la evaluación Aprender, el Ministerio de Educación planifica presentar en el Congreso un proyecto de ley diseñado en puño y letra por el exministro del área y actual senador electo, Esteban Bullrich, quien se espera que lo impulse desde su banca. Incluiría la jornada extendida en el 100 por ciento de las escuelas públicas, bilingüismo en el 50 por ciento de los docentes, cobertura universal del nivel inicial desde sala de tres y un punto polémico: pasantías educativas para alumnos secundarios y universitarios.
Además, habrá que ver si, finalmente, el Gobierno envía al Congreso la tan prometida ley de Convergencia en Telecomunicaciones. Es que una comisión redactora conformada en el ámbito del Poder Ejecutivo viene trabajando desde hace casi dos años para reemplazar a la ley de Servicios de Comunicación del kirchnerismo, vetada parcialmente por Macri, y la unificará con la ley de Telecomunicaciones, conocida como “Argentina Digital”.