En una clara contraofensiva después de la contundente marcha del miércoles, se abrió un nuevo capítulo en la batalla del Gobierno contra, al menos, un sector de los gremios. Lo hace a través de un proyecto de ley para plantea modificaciones a la Ley de Asociaciones Sindicales, y para que los sindicalistas “sean juzgados por corrupción”.
La iniciativa establece la obligación para los gremialistas de presentar declaraciones juradas, y los suma a los delitos penales de cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito al mismo nivel que los funcionarios públicos. Los juristas destacan que al poner el acento en las asociaciones sindicales sin incluir controles similares sobre los empresarios, y al plantear que los sindicatos son parte del Estado, el principal antecedente es el fascismo.
El autor del proyecto es el diputado radical Luis Petri, quien de manera rimbombante presentó su idea para “que los sindicalistas sean juzgados por corrupción”. Lo respaldaron 23 de sus pares de Cambiemos, entre los que están Graciela Ocaña, Paula Oliveto y Fernando Iglesias.
La iniciativa indica que los sindicatos “cumple funciones para-estatales” y que se deben prevenir “prácticas poco transparentes y garantizar el interés social en la probidad en el manejo de fondos de terceros”. Señala también que “numerosas denuncias de enriquecimiento ilícito por parte de dirigentes sindicales han menoscabado la credibilidad, la institucionalidad y representatividad de esas asociaciones”. “‘Corruptos’ es la palabra con la que la mayoría de los encuestados asociaron a los dirigentes gremiales”, sostiene el proyecto, que cita una encuesta de Giacobbe y asociados.
El proyecto apunta exclusivamente a quienes dirigen o administran asociaciones sindicales, mientras el oficialismo logró la aprobación de leyes que reducen delitos cometidos por empresarios, como la evasión de los aportes de sus trabajadores.
Por ejemplo, se determina la obligatoriedad de que –al igual que los funcionarios públicos– los dirigentes sindicales presenten declaraciones juradas de sus bienes todos los años. Deberán presentarlas ante el Ministerio de Trabajo. Si incumplen, serán intimados a entregarlas en 15 días o serán sujetos a sanciones penales.
Y ubica a los sindicalistas a la par de un funcionario público en los delitos de cohecho y tráfico de influencias (tres a diez años de prisión) y en el de enriquecimiento ilícito (cuatro a diez años de reclusión). Hasta ahora, quienes podían incurrir en esos delitos eran sólo los funcionarios. Si se aprueba la ley, estarán incluidos dirigentes sindicales y titulares de obras sociales sindicales.
En tanto, el camarista laboral Enrique Arias Gibert señaló sobre la concepción que plantea el proyecto que “si hay un antecedente en el derecho comparado es el fascismo. En el fascismo los sindicatos formaban parte del Estado. Lo que hace Benito Mussolini es justamente eso: la organización corporativa en la que las organizaciones gremiales pasan a ser parte del bien común que administra el Estado totalitario”.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, Matias Cremonte, señaló que “uno siempre está a favor de las políticas de transparencia, pero la tipificación como delito de posibles actitudes de dirigentes sindicales se enmarca en el contexto actual del enfrentamiento del Gobierno con el movimiento obrero y no en una voluntad de transparencia”.
Y agregó: “Hoy es delito la corrupción para los sindicalistas, como también lo son las dádivas cuando las paga un empresario. Pero se sigue persiguiendo solo a un sector”.