La Defensoría del Pueblo bonaerense rechazó la medida del gobierno provincial que apunta al cierre de casi cuarenta escuelas en distintos municipios, y le exigió que dé una explicación clara para conocer la intención de esta decisión que generó preocupación dentro de la comunidad educativa.
“Estamos en contra de cualquier cierre, porque principalmente descuida y afecta los derechos de los chicos de los sectores rurales, que muchas veces son los más postergados. La decisión va en contra de nuestra mirada federal de la Provincia; es una política basada en la optimización de gastos y no en ver a la educación como una inversión”, precisó el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.
Puntualmente, la Defensoría apunta a saber cuál es la situación de 39 establecimientos que correrían esta suerte en Pellegrini, Castelli, Laprida, Lezama, Ayacucho, Tres Arroyos, Lincoln, Tres Lomas, Rauch, Tordillo, Pringles, Exaltación de la Cruz, Chacabuco, Chivilcoy, 9 de Julio, General Belgrano, Dolores, General Guido, Gonzales Chaves, Coronel Dorrego, Villarino y Olavarría.
Ante este panorama, el organismo envió un pedido de informes a la Dirección General y Educación bonaerense (DGCyE) para saber en detalle la nómina de escuelas afectadas; la cantidad de alumnos y cargos docentes y auxiliares a los que alcanza la medida; el motivo de la decisión de cierre y destino otorgado a los alumnos que concurrían a las instituciones educativas afectadas como también el destino de los edificios en los que funcionan dichas instituciones; si el tema fue tratado por la Unidad Educativa de Gestión Distrital correspondiente; en que norma se encuadra la decisión de la DGCyE; además de toda otra información de interés.